APRUEBAN QUE ARROJO DE BASURA A RÍOS SE TIPIFIQUE COMO EXPOSICIÓN AL PELIGRO

En Código Penal.

El pleno del Congreso aprobó el dictamen que, con texto sustitutorio, propone modificar el artículo 125 del Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de tipificar el delito de exposición de personas al peligro por arrojo de residuos sólidos en cauces naturales.

La propuesta fue aprobada en primera votación con 100 votos a favor, cero en contra y una abstención y exonerada de la segunda votación.

De este modo, se incorpora en el Código Penal el artículo 125-A.1, donde se detalla que, “el que expone a otras personas a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud, arrojando residuos sólidos en el cauce, lecho, ribera o faja marginal de un río o quebrada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

Además, se incluye el artículo 125-A-2, en donde se precisa que la pena será no menor de cuatro ni mayor de seis años, si el agente utiliza camiones u otro tipo de maquinaria pesada para arrojar los residuos sólidos, o si, como consecuencia de la conducta, se causa daño a obras de infraestructura pública.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Flavio Cruz (Perú Libre) sustentó la iniciativa e indicó que el arrojo indiscriminado de basura, desperdicios y desmontes está generando un altísimo riesgo para la salud de miles de familias.

“Los informes de la Autoridad Nacional del Agua y la Municipalidad Metropolitana son contundes y han constado que en los ríos Chillón y Rímac y Lurín, el cauce natural se ha reducido en 150 metros y poniendo en riesgo a la población por efectos de desbordes producido por huaicos o lluvias”, precisó.

Por su parte, el congresista Alejandro Cavero Alva (bancada AvP) sostuvo que el arrojo de basura y otros desperdicios a los cauces “es un gravísimo atentado contra la vida de las personas”, por lo que se mostró a favor de la tipificación.

DETIENEN A TRABAJADOR MUNICIPAL CON REQUISITORIA VIGENTE

En un operativo ejecutado ayer en la Urb. Santa Rosa, distrito de San Vicente de Cañete, efectivos del Escuadrón de Emergencia, lograron la detención de José Luis Rosas Cahuana (46), quien registraba requisitoria vigente emitida por el Poder Judicial.

De acuerdo con el expediente emitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria Lima–Cañete, el detenido era requerido por presuntos delitos vinculados a material ilícito, ofensa al pudor público y afectación a la libertad, hechos considerados de gravedad por las autoridades competentes. (SERENO INFORMA)

¡FRAUDE A CERRO AZUL!

EL Colegio Gerardo Mejía Saco fue licitado por S/ 26 millones y terminó costando más de S/ 31 millones. Esto fue lo que ocultó la gestión de Rosa Vásquez.

La inauguración del nuevo colegio Gerardo Mejía Saco de Cerro Azul, hace una semana, fue motivo de celebración con sonrisas de la Gobernadora Regional, Rosa Vásquez, y el Alcalde, José Pain. Sin embargo, detrás del logro educativo se esconde un fuerte incremento económico que involucra recursos públicos de la provincia.

La obra fue adjudicada al Consorcio integrado por las empresas ALCO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES GENERALES SAC e IMADI SRL, un grupo conocido en el ámbito de las contrataciones en Lima Sur. Es esencial que la ciudadanía de Cañete tenga claridad sobre cómo fue manejado el presupuesto inicial.

El costo de la obra, según la licitación original, fue de S/ 26,755,524 (veintiséis millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos veinticuatro soles). Este monto representaba el gasto proyectado para el mejoramiento integral del servicio educativo.

No obstante, el costo final del colegio se elevó significativamente, alcanzando los S/ 31,087,689 (treinta y un millones ochenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve soles). Esto genera un sobrecosto de S/ 4,332,165 que excede el presupuesto base.

Este excedente de más de cuatro millones de soles no sale de ningún bolsillo particular; es financiado directamente con recursos públicos. Es decir, es dinero que proviene de los impuestos y contribuciones de los ciudadanos de Cañete, lo que obliga a las autoridades a explicar el desfase entre el costo licitado y el costo final de la obra.

CONTRALORÍA LO ADVIRTIÓ:

Recordemos que en forma oportuna la Contraloría General de la República emitió un contundente informe donde daba cuenta que los errores en el expediente técnico originarían costos adicionales y vaya que no se equivocó.