El consejero regional José Caico Fernández, vocero de facto de la gestión de Rosa Vásquez, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez por un abierto desafío a la autoridad judicial.

El pasado jueves 13 de noviembre, el titular del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Cañete dispuso su inmediata orden de captura a nivel nacional, tras la inasistencia injustificada de Caico Fernández a la audiencia de instalación de juicio oral por el proceso penal de usurpación agravada en su contra.

La ley es clara: la asistencia a esta citación judicial es obligatoria. Sin embargo, en lugar de cumplir con su deber legal, el consejero optó por participar en actividades protocolares con la Gobernadora Regional, Rosa Vásquez, incluyendo la inauguración de un colegio en Cerro Azul, contraviniendo incluso las restricciones de actos públicos en período electoral.

Solo tras ser notificado de la decisión judicial que lo declaraba contumaz (en rebeldía), el consejero Caico Fernández se apersonó a la Corte de Cañete con un escrito, intentando justificar su ausencia como “motivos laborales”.

El pasado 18 de noviembre, el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal desestimó implícitamente la justificación del consejero. El Juez fue enfático: la medida de contumacia (orden de captura) se mantiene vigente hasta que se realice la próxima audiencia de instalación de juicio oral, programada para el 2 de diciembre. Este proceder judicial es una aplicación lógica del principio de autoridad.

El comportamiento del consejero Caico Fernández no solo genera cuestionamientos sobre su irresponsabilidad con sus procesos legales, sino que representa un acto de desacato hacia el Poder Judicial.

En este momento, la Policía Nacional tiene la obligación legal de ejecutar la orden y conducirlo por la fuerza ante la presencia del Juez que ha dispuesto su captura a nivel nacional. La Justicia debe prevalecer, sin importar el cargo.