El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N° 009- 2026-PCM, que establece disposiciones complementarias para la implementación de la Ley N° 32490, orientadas a combatir de manera integral los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público, de carga y de mercancías. La norma refuerza el marco legal de protección a las empresas del sector transporte, uno de los más golpeados por redes criminales, y garantiza la prestación ininterrumpida de un servicio esencial para el desarrollo económico, la generación de empleo y el desplazamiento diario de millones de ciudadanos en todo el país. Asimismo, el decreto supremo dispone la implementación inmediata de un conjunto de medidas articuladas que incluyen acciones preventivas, intervención policial especializada, atención y protección a las víctimas, así como mecanismos de reactivación económica, consolidando una respuesta firme y coordinada del Estado frente a estos delitos. En el ámbito de la prevención y el control financiero, la norma establece medidas para reforzar la supervisión de los flujos de dinero vinculados a pagos extorsivos, bajo la conducción de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, se fortalecen los mecanismos de inteligencia policial mediante la elaboración de mapas delictivos georreferenciados, que permitirán identificar zonas críticas y optimizar la planificación de operativos preventivos y disuasivos, asegurando una respuesta más eficaz frente a estas amenazas. El decreto también ordena una respuesta policial inmediata a través del despliegue de centros de comando y patrullaje focalizado, con la intervención de unidades especializadas en extorsión y sicariato, articuladas con los sistemas de videovigilancia de los distintos niveles de gobierno. En materia de protección, la norma faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a evaluar y certificar rutas, paraderos, terminales y vehículos seguros, incorporando progresivamente tecnologías como cámaras de vigilancia y botones de pánico integrados a los sistemas de comando y control policial. Adicionalmente, se dispone el fortalecimiento de las acciones preventivas mediante el control de flujos financie ros asociados a denuncias por extorsión, la capacitación de propietarios, conductores y trabajadores del transporte, y el desarrollo de herramientas que faciliten la detección temprana y denuncia de hechos delictivos. La norma incluye también acciones orientadas a la persecución patrimonial del delito y al apoyo integral a las víctimas, como la creación de un fondo para la recuperación económica de las empresas afectadas, atención psicológica especializada y programas de reinserción laboral. De igual manera, se refuerza la aplicación de la extinción de dominio para debilitar financieramente a las organizaciones criminales y se conforma un Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, encargado de articular investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Unidad de Inteligencia Financiera. Con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso firme y decidido de enfrentar la criminalidad que amenaza la seguridad ciudadana, la economía nacional y la tranquilidad de las familias peruanas