El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, emitió una respuesta oficial este jueves a las declaraciones del magistrado Francisco Távara, quien denunció haber sido objeto de “reglaje” por parte de la alta dirección del organismo y cuestionó la legalidad de la resolución que restituyó a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

A través de un pronunciamiento, el máximo órgano de la Judicatura rechazó las acusaciones de uno de sus miembros y afirmó que “ni la Presidencia ni la Vicepresidencia tienen competencia alguna en la designación del personal auxiliar asignado a los miembros del Pleno”, como asesores o choferes. “Tales decisiones corresponden exclusivamente al propio miembro y a las áreas administrativas responsables”, señaló.

La JNJ precisó que la elección de sus actuales autoridades se realizó el pasado 6 de enero, y que Távara se negó a firmar el acta correspondiente, a pesar de que reflejaba lo sucedido en la sesión. “Resulta carente de sentido democrático que, cinco meses después, señale que haber perdido dicha elección fue un acto hostil en su contra”, indicó.

Respecto a la resolución que ordenó la restitución de Benavides, Ríos Patio señaló que “representa el voto unánime de los miembros que estuvieron presentes” en la audiencia, por lo que consideró “incorrecto” que el magistrado afirmara que la resolución debió ser firmada por todos los miembros.

En diálogo con la prensa días atrás, Távara también mencionó que, en febrero pasado, el presidente de la JNJ solicitó a la Fiscalía de la Nación información sobre una carpeta fiscal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la cual fue archivada, y afirmó que esta acción tuvo el propósito de vacarlo.

No obstante, la JNJ aclaró que “la solicitud de información sobre el estado de la carpeta fiscal (...) obedeció a la comunicación efectuada por un ciudadano denunciante (...) con la finalidad de que no afecte la imagen de la Junta Nacional de Justicia; y no a un interés por vacarlo”.

Finalmente, el organismo exhortó al magistrado a “opinar con responsabilidad, evitando expresiones que induzcan al error público” y “que puedan erosionar la confianza ciudadana en una institución cuya naturaleza constitucional exige el más alto estándar de probidad, legalidad y respeto mutuo”. “La crítica es legítima en un Estado democrático, pero debe fundarse en la verdad, el debido proceso y los canales institucionales. La Junta Nacional de Justicia reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa irrestricta de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como con la garantía del principio de unidad institucional”, concluyó la misiva.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA DELIA ESPINOZA PRESENTA RENOVACIÓN POPULAR

La bancada de Renovación Popular presentó, este 19 de junio, una denuncia constitucional contra Delia Espinoza Valenzuela, en su calidad de fiscal suprema y fiscal de la Nación en ejercicio. El escrito fue ingresado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso en la supuesta comisión de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y usurpación de función pública.

La denuncia también incluye a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Jorge Villena, a quienes se les atribuye haber avalado la supuesta desobediencia al no ejecutar la disposición de la JNJ. Por ello, el pedido plantea que se evalúe la inhabilitación de estos funcionarios por los mismos presuntos delitos.

De acuerdo con el documento presentado, los fiscales supremos habrían incurrido en presuntas infracciones a la Constitución Política, tras no ejecutar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispuso la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

La bancada señala que, de hallarse responsabilidad, los implicados podrían ser destituidos de sus cargos en el Ministerio Público e inhabilitados para el ejercicio de la función pública hasta por diez años.

El escrito fue suscrito por los congresistas Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Diego Bazán, Cheryl Trigozo, Miguel Ciccia, Noelia Herrera y María Córdova. Estos parlamentarios, solicitaron, además, que la acusación sea admitida y procesada de acuerdo con el marco normativo aplicable.

El 18 de junio, Renovación Popular presentó una moción para exhortar al Congreso a que se solicite a la JNJ la destitución de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. En este documento, la bancada señaló que los fiscales supremos habrían incurrido en infracción a la Constitución y en desacato funcional al no ejecutar la resolución de reposición.

TAMBIÉN PERÚ LIBRE...

El congresista Américo Gonza Castillo (Perú Libre) presentó este jueves 19, el Proyecto de Ley 11703/2024-CR, que propone declarar en emergencia al Ministerio Público (MP) y reorganizar su estructura durante un periodo de seis meses.

La iniciativa plantea, entre otras medidas, la destitución inmediata del actual fiscal de la Nación y de los demás fiscales supremos, tanto titulares como provisionales.

Según el texto del proyecto, la declaratoria de emergencia implicaría cambios en la Constitución a través de la incorporación de dos Disposiciones Complementarias Transitorias Especiales. En la quinta disposición, se establece la remoción de las siguientes autoridades:

El actual Fiscal de la Nación, así como de los demás fiscales que integran la Junta de Fiscales Supremos, los Fiscales Adjuntos Supremos Titulares, los Fiscales Supremos Provisionales y los Fiscales Adjuntos Supremos Provisionales.

Además, la sexta disposición transitoria encarga a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la conformación de una Junta Transitoria de Fiscales Supremos, la cual estaría integrada por siete miembros seleccionados mediante concurso público abierto. Esta junta elegirá de entre sus miembros a un fiscal de la Nación transitorio, quien asumirá todas las atribuciones del cargo durante el periodo de reorganización.

Durante los seis meses de emergencia, esta junta especial deberá elaborar y presentar al Congreso de la República dos proyectos normativos: una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y una nueva Ley de Carrera Fiscal. Según el proyecto, tanto la junta transitoria como el fiscal transitorio ejercerán funciones hasta que se promulguen dichas leyes.

El proyecto de ley expone como problemática que, pese a la autonomía reconocida al MP por el artículo 158 de la Constitución Política del Perú, dicha autonomía no puede ser entendida como «una licencia para actuar al margen de los principios de transparencia, rendición de cuentas y servicio al bien común».

El documento destaca que el Tribunal Constitucional, en el Expediente 012-96-I/TC, precisó que esta autonomía implica la capacidad de autogobierno de la Fiscalía dentro del marco normativo y como parte del engranaje institucional del Estado.

En cuanto al financiamiento, el proyecto precisa que su implementación se realizará con cargo al presupuesto institucional del propio Ministerio Público, sin requerir recursos adicionales.

La iniciativa fue presentada y, de aprobarse, modificaría el marco constitucional vigente en lo relativo a la organización y funcionamiento de la Fiscalía de la Nación. El contenido de la propuesta se sustenta en el artículo 107 de la Constitución y los artículos 22, 67, 75 y 76 del Reglamento del Congreso.