La gobernadora autorizó el pago de 124 mil soles sin contrato a favor de una persona natural que usó maquinaria del propio Gobierno Regional de Lima para el servicio.
Las máquinas tenían el logo del Estado. Las facturas las presentaron como si el servicio fuera externo. Contraloría descubrió todo.
La gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado firmó ambas resoluciones que autorizaron las conciliaciones ilegales.
El fiscal anticorrupción Christian Manrique Mendoza tiene todos los elementos de convicción y podría solicitar prisión preventiva.
DOS PAGOS SOSPECHOSOS EN UN SOLO DÍA
El 14 de abril de 2025 se presentaron dos denuncias penales contra Rosa Vásquez Cuadrado y sus beneficiarios Angie Gonzaga Sernaque, una persona natural sin giro para alquilar maquinaria pesada, y contra la empresa Grupo Heyco SAC, que facturó por un servicio que nunca debió pagar el Estado.
En ambos casos no hubo contrato, no hubo términos de referencia, no hubo supervisión. Pero sí hubo pago. Las maquinarias llevaban pintado el logotipo del Gobierno Regional. ¿A quién le pagaron entonces? A los que no hicieron nada... o mejor dicho, ¿a los que montaron un esquema para cobrar por lo que ya era del Estado?
LAS MAQUINARIAS ERAN DEL GOBIERNO REGIONAL
Tan evidente como indignante. Los equipos por los que el Gobierno Regional de Lima pagó más de S/ 200 mil eran en realidad, suyos. Las fotografías presentadas por los propios supuestos “proveedores” los delatan. Excavadoras, volquetes, retroexcavadoras: todos los vehículos lucían orgullosos el escudo institucional del GORE Lima.
Mientras tanto, las emergencias por lluvias e inundaciones servían de pretexto. Se declaró el estado de emergencia en la zona. Se liberaron fondos. Se activó el protocolo de contrataciones directas. ¿Y qué hicieron? Una pantomima contractual, con visos de corrupción.
DOS RESOLUCIONES, UNA FIRMA
Ambos pagos fueron autorizados por resoluciones ejecutivas firmadas por la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado. La RER N.º 407-2023-GOB para Gonzaga Sernaque. La RER N.º 413-2023-GOB para Grupo Heyco.
En ambas, la fórmula se repite: conciliación extrajudicial, sin contrato, sin verificación técnica, y con el mismo “sustento” de siempre: que es mejor conciliar que litigar. Un viejo truco para evitar auditorías incómodas y cerrar con rapidez los negocios sucios.
La Procuradora Ad Hoc, Kelly Cristina Borja, fue autorizada para firmar los acuerdos. La asesoría jurídica, lejos de alertar sobre la falta de legalidad, se limitó a emitir informes complacientes.
¿HABRÁ PRISIÓN PREVENTIVA?
Hay graves elementos de convicción, delitos con penas mayores a cuatro años (colusión, negociación incompatible, falsedad ideológica), y riesgo procesal evidente. Basta recordar que la propia gobernadora está en funciones. ¿Alguien cree que no podría interferir en la investigación?
El fiscal Christian Manrique Mendoza ya dio el primer paso. No esperó semanas ni meses. El mismo 14 de abril, dispuso que la denuncia se acumule con un caso anterior sobre los mismos hechos. Todo apunta a que ya se está preparando el terreno para solicitar al juez la prisión preventiva. Y es lo mínimo que se esperaría frente a un esquema tan burdo como perverso.
EL ROBO DISFRAZADO DE EMERGENCIA
Este no es un caso de omisión ni un error administrativo. Esto es una estructura delictiva usando la emergencia como coartada. El presupuesto público asignado para maquinaria y ayuda humanitaria fue convertido en un botín, cobrado por gente que ni siquiera tenía el rubro adecuado en SUNAT. ¿Y cómo lo validaron? Con resoluciones firmadas por la más alta autoridad regional.
(Contra Poder)
