Desde el año 2014, las Leyes de Presupuesto del Sector Público, han autorizado y dispuesto que los gobiernos regionales y locales utilicen el 0,5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad a favor de la población con discapacidad en su jurisdicción.
Lamentablemente, la gestión que lidera la alcaldesa Jacqueline Kelly Chávez Bustamante, en la Municipalidad Distrital de Coayllo, no le habría tomado interés alguno a este aspecto, que dicho sea de paso fue una propuesta que muchos excandidatos, hoy autoridades, enarbolaron en campaña como propuesta inclusiva en favor de las personas con discapacidad.
Todo conduce a pensar que este habría sido simplemente una oferta electorera de algunos que luego en el poder se olvidaron de cumplir u honrar. Tal es el caso de la comuna de Coayllo en donde la Contraloría General de la República, mediante INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 3455-2024-CG/PREVI-AOP, fechado el pasado 23 de febrero del año en curso, determinó que …”la entidad no ejecutó el presupuesto institucional en el año fiscal 2023, destinado a financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED)”.
Ante esta situación, surgen algunas interrogantes, como si acaso en el distrito cañetano de Coayllo, ¿no existen personas con discapacidad que deberían ser atendidas o beneficiadas con programas en su beneficio?, o en todo caso, ¿no hay necesidad de implementar mejor y adecuadamente la oficina de OMAPED, para desde el gobierno local proyector un trabajo eficaz en bien de los discapacitados?
El pasado 28 de febrero del 2024, la Contraloría General de la República, notificó a la alcaldesa Jaqueline Kelly Chávez Bustamante del hallazgo, solicitándole remitir el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del informe del servicio de control posterior al Órgano de Control Institucional competente, en un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibida la presente comunicación, fecha que se vence en esta semana.
En sencillas palabras, se solicita a la autoridad edil, adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.
HECHO SIMILAR DETECTA LA CONTRALORÍA EN EL 2022 EN GESTIÓN DE EXALCALDE ALEXANDER CHUQUIZUTA
Parece ser que muchas veces lo malo no se corrige o se mantiene como herencia, debido a que la misma Contraloría través del INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 24595-2023-CG/PREVI-AOP del 13 de noviembre del 2023 (año pasado), observó lo mismo que la actual alcaldesa a cometido, durante la gestión del exalcalde alexander Chuquizuta Huapaya, su esposo.
