El pleno del Concejo Provincial de Cañete, aprobó por mayoría, desestimar el pedido de suspensión del cargo del alcalde José Tomás Alcántara Malásquez por no distribuir, como manda la ley, los recursos correspondientes a los Centros Poblados. La sesión extraordinaria fue requerida por el Jurado Nacional de Elecciones, debido a que en oportunidad anterior, los miembros del pleno, no fundamentaron su voto. Solo votaron a favor de la suspensión los regidores Julio César Cadillo Montoya y Eduardo Eugenio Sánchez Quispe, además de la inasistencia del regidor William Alexander Chia Ayala.
La justificación esgrimida por los regidores oficialistas (Raúl Meza Pacheco, Lourdes Inés Morales Esterripa, Cristhian Alexander León Cárdenas, Adriana del Rosario Borda Vicente, Danny Rolando Gutiérrez Espilco, Karina Alexandra Oré Luna y Luis Guillermo Córdova Peña); además de David Nolazco Soto radicó en el trillado pretexto que la gestión anterior no dejó programado en el presupuesto para hacer efectiva el cumplimiento de las transferencias financieras a las municipalidades de los centros poblados, lo que habría generado el retraso de la disposición de las mismas.
“La gestión saliente no programó en el presupuesto institucional de apertura (PIA) las transferencias de los 13 centros poblados de la provincia de Cañete para el año 2023, por lo cual la incorporación se realizará para el segundo trimestre del 2023 mediante mayores ingresos propios, considerando que los mismos no estuvieron programados oportunamente” pareciera haber sido el libreto ensayado para salvar a “Tony” de la suspensión, por el momento.
ANTOJADIZA JUSTIFICACIÒN
Lo cierto es que la norma señala que la entrega o transferencia de recursos a los Centros Poblados, se efectuará de forma mensual al quinto día hábil de cada mes, bajo responsabilidad del alcalde y del gerente municipal correspondiente. Aquí surge la interrogante que define el motivo central del pedido de suspensión solicitado... ¿Se cumplió con la distribución de recursos en el tiempo determinado por norma? Lamentablemente, la mayoría de regidores no quiso entender que la Ley Orgánica de Municipalidades no contempla, si la administración anterior no incluyó en el PIA 2023 estas transferencias, ni que se “incluiría” en el segundo trimestre y en función a mayores ingresos.
No estaba en debate o anàlisis el presupuesto aprobado por la anterior gestión, tampoco la suspensión del anterior alcalde ni si se le ha denunciado, lo único cierto es la responsabilidad del actual alcalde conforme lo señala el propio Jurado nacional de Elecciones. Cómo se explica que en esta gestión se hayan efectuado una serie de modificaciones presupuestales con disponibilidad económica, entre ellas inclusive la de mayor remuneración de los funcionarios y el pago de los casi 200 CAS determinados de la actual administración y no haya existido la voluntad de llevar adelante este mecanismo para cumplir con los recursos de los centros poblados de Cañete.
El Art. 133º de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 y su modificatoria Ley 30937, es especifica en su cumplimiento, y de no hacerlo existe responsabilidad del alcalde provincial como titular del pliego y máxima autoridad administrativa, como consecuencia de la negligencia funcional primaria de los funcionarios comprendidos en la cadena de gastos. Queda claro entonces, que esta situación no se habría generado, si los funcionarios competentes en la cadena del gasto en cumplimiento del Art. 133º de la Ley Orgánica de Municipalidades, llámense: gerente Municipal, gerente de Presupuesto, gerente de Administración, entre otros hubiesen accionado conforme a ley.
TEMA SE CONOCÌA DESDE ENERO
Con el Informe Nº 006-2023-RELR-OGPPYTI-MPC, del 23 enero 2023, el responsable de presupuesto, comunicó al gerente municipal, “que se evidenciaba la transferencia para dos municipalidades de centros poblados (Herbay Alto y Nuevo Ayacucho) sin embargo para las otras 13 municipalidades, no existía esta partida en el presupuesto PIA 2023, “proponiendo” que se incorporara en el segundo trimestre 2023 cuando exista mayores ingresos. Lo que demuestra que desde enero la actual administración de “Tony” Alcántara ya tenía conocimiento del tema y lo que pasaba. Mas claro, ni el agua. (ELARQUIM)
