El presidente de la República, Pedro Castillo, continuará siendo investigado por la Fiscalía de la Nación durante el ejercicio de sus funciones por la presunta comisión de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, luego de que el Poder Judicial rechazara un recurso presentado por su defensa para anular las investigaciones preparatorias.

A través de su cuenta de Twitter, el PJ detalló que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la apelación que interpuso la defensa legal de Castillo Terrones para revocar la resolución que rechazó la tutela de derechos presentada para que el mandatario sea excluido de la investigación preliminar por el caso “Provías Descentralizado-Puente Tarata”.

Según la tesis fiscal, el mandatario encabezaría una presunta organización criminal enquistada en altas esferas de poder con el objetivo de promover licitaciones públicas irregularidades. La red también estaría compuesta por la primera dama, Lilia Paredes, y su hermana Yenifer Paredes; así como los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).

La defensa legal del mandatario alegaba que Pedro Castillo solo puede ser acusado por cuatro causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución: por traición a la patria, por impedir las elecciones, presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; así como por disolver arbitrariamente el Congreso e impedir el funcionamiento de los organismos electorales.

En su resolución, el tribunal, encabezado por el juez supremo César San Martín, precisó que la obligación constitucional de persecución del delito justifica que “resulta indispensable” realizar las diligencias preliminares para evitar la pérdida de fuentes o pruebas.

“Este límite, sin embargo, debe ser razonable, y, en modo alguno, puede ocasionar la impunidad por impedimentos legales concebidos irrazonablemente”, se lee en el documento.