VARIOS CANDIDATOS EN DIVERSAS REGIONES QUE VAN A SEGUNDA VUELTA... TIENEN ANTECEDENTES POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

Por: María Morales Isla / Unidad LR 

Exprófugos, procesados y con detención domiciliaria son virtuales gobernadores regionales, cuyos antecedentes se advirtieron en un informe anterior de LR Data. En total, 13 de las 16 virtuales autoridades electas cuentan con investigaciones por presunta corrupción, según la Procuraduría Anticorrupción y Fiscalías. En tanto, siete de nueve regiones que pasan a segunda vuelta presentan por lo menos a un postulante con este perfil.  

Para Karin Guevara, especialista en materia electoral, las cifras revelan que los aspirantes continúan con un historial cuestionado a pesar de los avances en los filtros y las medidas para la elección de autoridades. “Las reglas pueden ser más rígidas, pero pasan sobre ellas, tanto los candidatos como los electores, quienes normalizamos conductas que no son adecuadas para un político”, sostiene. 

Cambian autoridades, pero no sus antecedentes

Los ciudadanos acaban de renovar a sus gobernadores regionales, pero estos cumplen un perfil similar al de sus predecesores. Es decir, las nuevas autoridades, aún sin empezar su gestión, ya afrontan algunos procesos por presunta corrupción.

En Ayacucho, el gobierno regional vuelve a las riendas de Wilfredo Oscorima, quien asumió el cargo en 2010 y 2014; él estuvo prófugo, preso y suma 8 carpetas fiscales en trámite por presunta corrupción. Asimismo, cuenta con un proceso en diligencia preliminar por tocamientos indebidos, según el caso N.° 1606014506-2022-1125-0. Pese a ello, alcanzó el cargo con un 46% de los votos válidos. 

El pasado parece ser solo un recuerdo fugaz para los electores porque, en 2015, Oscorima fue suspendido de la gobernación regional por un mandato de detención tras la comisión del delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, de acuerdo al Expediente N.° J-2015-250-A01. Con ese dictamen, desapareció por nueve meses y estuvo incluido en el programa de recompensa hasta su captura en marzo de 2016. La Corte Suprema de Justicia lo absolvió en 2019. 

José Tello, presidente del Instituto de Derecho Electoral, explica que hay una actitud permisiva con estos casos, pues la corrupción ha sido normalizada y no genera conflictos al momento de la elección. “Oscorima es una persona empática dentro de la idiosincrasia ayacuchana, que es permisiva con la corrupción. Mientras hace obras y es empático, no se miden las consecuencias. Esto es algo transversal a nivel nacional”, agrega.  

Del mismo modo, Guevara afirma que importa el personaje, no los procesos en su contra. “Cuando estas personas hacen actividades populistas que disponen de las arcas de las  exgestiones como hacendados, solucionan problemas inmediatos y la gente no olvida eso. Los vuelven a elegir”, enfatiza.

Un hecho similar ocurre en Loreto. El virtual gobernador, Jorge Chávez Silvano (Somos Perú), suma cuatro carpetas fiscales por peculado y omisión en actos funcionales. Estos procesos fueron en agravio de dos instituciones del Estado: la Dirección Regional de Salud de Loreto y la Municipalidad Provincial de Datem Marañon; en esta última asumió el cargo de alcalde (2015-2019). Según la Procuraduría de Loreto, todos sus procesos están activos, incluso uno de ellos está en juicio oral y a la espera del fallo, mientras que los otros tres continúan en investigación.

A ello se suma que Chávez Silvano es presunto responsable de dos irregularidades identificadas por la Contraloría de la República. Una de ellas es sobre la ejecución de pagos de incentivos laborales a favor de funcionarios públicos, en agravio del Gobierno Regional de Loreto. El segundo es sobre el otorgamiento de bonificaciones y pagos, que generó un perjuicio económico de 1 746 542 soles.

Otras regiones amazónicas también están en las manos de autoridades con antecedentes cuestionados. Este es el caso de Madre de Dios, donde Luis Otsuka Salazar (Avanza País) vuelve a asumir por segunda vez el cargo de gobernador regional. Según la Procuraduría de la región, el virtual gobernador es investigado por malversación, peculado, colusión simple y peculado de uso. El agravio fue en contra del Gobierno Regional de Madre de Dios y de su Dirección Regional de Educación. 

Pero no es lo único que persigue a la ex autoridad regional. Otsuka ha sido dirigente de la Federación Minera de Madre de Dios y se opuso a su formalización. A la vez, en 2015, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios formalizó una denuncia en su contra por la presunta comisión de delito ambiental.

El caso fue por los daños ocasionados por la construcción de carreteras en la zona de reserva del Parque Nacional del Manu. Además, está bajo sospecha por la Contraloría de la República por presunta responsabilidad en el proceso de selección del concurso público N° 001-2015-GOREMAD/CEP en la confección de un polideportivo, ocurrido en 2017. 

A pesar de ese historial, Otsuka alcanzó el 31% de los votos. Un panorama parecido presenta San Martín con Grundel Jiménez (Somos Perú), investigado por negociación incompatible y colusión. En Ucayali, asume Manuel Gambini, quien cuenta con seis carpetas fiscales por colusión, malversación y contra la administración pública. 

La escasa oferta electoral y la apatía política son dos factores que inciden en la presencia de este tipo de gobernantes. De acuerdo con Guevara, hay una resignación de la ciudadanía ante el menú de candidatos ofrecido por los partidos o movimientos políticos. 

“No hay activismo político, somos pasivos, elegimos lo que tenemos. Pero también a la gente parece no importarle si tiene procesos, importa el personaje, si tiene carisma o las medidas populistas o inmediatas. La vida personal no es ajena al trabajo”, refiere.

En ese olvido o desinterés político se eligió a Luis Ramón Torres Robledo (Fuerza Tacna), quien cumple arresto domiciliario y ha sido tres veces alcalde provincial. Según el informe “La corrupción en los Gobiernos Regionales”, Torres Robledo forma parte de la organización criminal Los Limpios de Tacna, la cual aprovecha cargos en la administración pública para la venta irregular de terrenos en modalidad directa y en subasta pública. Este caso se encuentra en etapa intermedia y la Procuraduría pide una reparación civil de 4 631 461 soles.  

En Junín, el virtual gobernador es Zósimo Cárdenas Muje. El también dos veces alcalde de Pichanaqui suma 14 carpetas fiscales por colusión, peculado y negociación incompatible. Los procesos son en agravio del municipio en el que fue autoridad y el Gobierno Regional de Pasco; en este último la Contraloría investigó unas presuntas irregularidades en la declaración de desierto del procedimiento de selección de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en el  C.N.A.I Nº 53 San Francisco de Asis”. 

Mientras tanto, en la zona norte del país, el Gobierno de La Libertad está nuevamente bajo las riendas de César Acuña Peralta. El líder de Alianza para el Progreso ha ocupado el cargo de gobernador, alcalde y congresista. Además, según la Procuraduría nacional, tuvo una investigación por presunta corrupción en agravio de la Municipalidad de Trujillo. Sin embargo, de acuerdo con la oficina descentralizada de la región, el caso se archivó. 

En Ica, Jorge Hurtado Herrera tiene dos procesos por negociación incompatible y colusión agravada en etapa intermedia e investigación formalizada, respectivamente. Lo mismo ocurre en Arequipa con Rohel Sánchez Sánchez, quien tiene tres carpetas por peculado y negociación incompatible; en Apurímac, Percy Godoy Medina, investigado por peculado; en Tumbes, Segismundo Cruces por el delito de colusión agravada; y en Huánuco, Antonio Pulgar ha sido procesado por peculado y cohecho. Con respecto a estas tres últimas regiones, LR Data se comunicó con las oficinas descentralizadas de la Procuraduría para conocer el estado de las carpetas fiscales; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Regiones en segunda vuelta

Sin embargo, en Amazonas, los dos postulantes son procesados por este tipo de delito. Se trata de Gilmer Horna, ex gobernador regional, y Grimaldo Vásquez, dos veces alcalde y exlegislador. El primero suma seis carpetas fiscales en diligencia preliminar e investigación formalizada en agravio del gobierno regional. El segundo es procesado por enriquecimiento ilícito y colusión. 

El resto de regiones que presentan candidatos con un perfil similar son Piura, Pasco, Cusco y Lambayeque. En el caso de Lima y Moquegua, que también pasan a segunda vuelta, los vicegobernadores registran casos de corrupción. Se trata de Luis Trigoso (acompaña a Gilia Gutiérrez), quien es investigado por el delito contra la administración pública, y Nicolás Barrera (en la lista de Rosa Vásquez), procesado por cohecho.

En ese escenario, Tello reitera que la corrupción está internalizada en cada uno de los ciudadanos e incluso hay una identificación con ellos a pesar de sus cuestionados perfiles.

“Nosotros apostamos por el que vive fuera de la ley. Eso es producto de la informalidad en la que vivimos. Hay una empatía del elector con el candidato, en cierta manera se siente identificado con el candidato. Sí, es un serio problema en la estructura mental del elector; hay una normalización de la corrupción. Tenemos que ruborizarnos, es anómalo”, añade. 

Los especialistas advierten que las soluciones para frenar el avance de la corrupción y mejorar la oferta electoral no solo son los filtros y las medidas, también la educación y la injerencia política de los ciudadanos.

“A largo plazo, la solución es la educación. Se tiene que conocer cómo funciona el Estado, cuáles son los derechos que conforman al ciudadano y cómo conocer su ejercicio. A corto plazo, los grupos de interés deben corregir este problema y resaltar estos casos que deberían ser anómalos”, manifiesta.

Del mismo modo, Guevara incide en el rol educativo para formar también a los futuros políticos a fin de que tengan conocimiento de la gestión pública. Agrega que la ciudadanía debe ser activa e involucrarse en búsqueda de un beneficio social, no solo individual. “Ahora no hay sentido crítico, no hay sentido reflexivo. Las personas no ven qué es lo correcto”, indica.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) empezó a hacer efectivo el pago de la compensación económica de 120 soles a los miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 a partir del día de ayer, 3 de noviembre. 

Dicha retribución se realiza de acuerdo a la modalidad elegida por los ciudadanos a través de nuestra web: depósito en cuenta bancaria (Banco de Crédito, BBVA, Scotiabank, Interbank o Banco de la Nación), pago a través de la billetera digital asociada al número de DNI (Yape) o presencial en ventanilla del Banco de la Nación.

Aquellos que accedan a la retribución económica por sus cuentas bancarias, podrán apreciar el depósito bajo alguno de los siguientes conceptos: movilidad, transferencia, por regularización, abono o varios. 

Asimismo, quienes obtengan el pago por Yape recibirán un mensaje a sus celulares (SMS) que indica: “Ingresa a Yape, dale clic a “mostrar saldo” y podrás ver un incremento de S/120”. 

Los ciudadanos que cobren de forma presencial en el Banco de la Nación deberán hacerlo de acuerdo al último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI), como se señala en el siguiente cronograma: 

Último dígito del DNI en 0 (desde el jueves 3); 1 (desde el viernes 4); 2 (desde el sábado 5); 3 (desde el lunes 7); 4 (desde el martes 8); 5 (desde el miércoles 9); 6 (desde el jueves 10); 7 (desde el viernes 11); 8 (desde el sábado 12); y 9 (desde el lunes 14).

Para recibir la compensación, las personas deberán presentar su DNI en la ventanilla del banco. Además, se podrá cobrar con el documento vencido. En caso se trate de un ciudadano extranjero que asumió el rol de miembro de mesa, la persona se acercará a la entidad financiera en la fecha que corresponda al último dígito de la constancia otorgada por el Reniec para participar en los comicios. 

Señalar que, la ONPE habilitó, en dos fases, una plataforma virtual en la cual los miembros de mesa completaron una Declaración Jurada, consignaron DNI, nombres y apellidos, dirección, celular y correo electrónico e indicaron la forma de cobro de los 120 soles.