La sombra de la corrupción vuelve a envolver al Gobierno Regional de Lima, esta vez con una gravedad sin precedentes: la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios ejecutó un megaoperativo de allanamiento e incautación de documentos directamente en el despacho de la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado, en la Oficina de Logística y en diversos inmuebles de Huacho y Huaura.

Todo ello como parte de una investigación que apunta a la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el poder regional.

El operativo, dirigido por el fiscal provincial Jesús Sánchez Santos con apoyo de la Dircocor Lima Norte, se activó tras recabarse indicios sólidos de colusión simple y negociación incompatible, delitos funcionales que, según el Ministerio Público, se habrían cometido desde el más alto nivel del GORE.

La Fiscalía sostiene que entre 2023 y 2024 se habría montado un esquema de favorecimiento ilícito, con roles definidos y acciones concertadas.

La gobernadora Rosa Vásquez no solo habría tenido pleno conocimiento del mecanismo, sino que según la carpeta fiscal, habría actuado en coordinación con los funcionarios de Logística Pablo Díaz y Víctor Aroni, además del proveedor César Oliva, su compadre. El modus operandi incluía simulación de cotizaciones, direccionamiento de procesos y una ruta interna preestablecida para garantizar que la empresa del “compadre proveedor” resulte ganador.

El resultado de esta presunta maquinaria ilícita es revelador: 21 órdenes de servicio adjudicadas al mismo proveedor, en un patrón reiterado y perfectamente compatible con una estructura criminal organizada. La Fiscalía, al identificar la permanencia en el tiempo, la división de funciones y la concertación ilícita, ha decidido solicitar medidas drásticas para impedir que se siga destruyendo evidencia.

La gravedad del caso escaló aún más cuando el Ministerio Público obtuvo autorización judicial para el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados. Esta medida, reservada para investigaciones de alta complejidad, confirma que la Fiscalía presume no solo actos aislados de corrupción, sino una red de coordinación ilícita que podría comprometer no solo a funcionarios actuales, sino también a actores externos beneficiados por el esquema.

Hoy el Gobierno Regional de Lima enfrenta su crisis más devastadora: una gobernadora investigada, su entorno inmediato bajo la lupa, oficinas allanadas y una sospecha devastadora que resuena con fuerza en la región: la posible existencia de una organización criminal que habría capturado el aparato público para beneficio personal. Cada nueva diligencia parece sepultar aún más a la gestión de Rosa Vásquez, que ya no solo arrastra cuestionamientos políticos, sino acusaciones fiscales de proporciones históricas.