El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su procurador público, denunció penalmente a los miembros de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, por desobediencia y resistencia a la autoridad, en agravio del organismo electoral.

La denuncia fue presentada por el procurador Ronald Angulo Zavaleta ante el despacho del Fiscal de la Nación y alcanza a los jueces superiores Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca.

En el escrito se precisa que, en el marco de la demanda competencial interpuesta por el JNE contra del Poder Judicial, actualmente seguida ante el Tribunal Constitucional (TC), los referidos jueces superiores han desobedecido deliberadamente lo ordenado expresamente por el TC.

Se precisa que el 7 de octubre pasado, el TC concedió al JNE una medida cautelar y dispuso la suspensión de los efectos de las resoluciones judiciales que ordenaban la inscripción de un partido político, hasta que emita la sentencia definitiva en dicho proceso competencial, sin que pueda emitir nuevas resoluciones que pudieran comprometer el desarrollo del cronograma de las Elecciones Generales 2026.

Sin embargo, pese a lo dispuesto por el TC, y a que las referidas resoluciones se encuentran en dicha Sala Superior a la espera de ser resueltas, los ahora magistrados denunciados de dicho órgano judicial pretenden desconocer la suspensión de tales resoluciones.

“A sabiendas que dichas resoluciones no tienen efectos y no pueden ni deben ser valoradas, insisten en continuar con la ejecución de las mismas, con lo cual irrefutablemente se configura el desacato por parte de estos; motivo por el cual vuestro despacho debe desplegar la correspondiente acción penal a fin de investigar y procesar a los ahora denunciados”, indica la denuncia del procurador.

“Se nos afecta nuestro derecho al debido proceso y al de la tutela jurisdicción efectiva, respecto del proceso de amparo y, a la par, configura el delito denunciado”, agrega en el documento presentado por el JNE.

En ese sentido, se pide al Fiscal de la Nación admitir a trámite la denuncia penal y disponer la correspondiente indagación preliminar y, conforme corresponde, se disponga el ejercicio de la acción penal en el marco de la denuncia interpuesta.