La actuación del magistrado Roberto Carlos De la Cruz Escalante en el juicio conocido como “El Matucanazo” es por decirlo menos, sospechosa, ya que ha decido tomar una postura defensiva frente a la acusación fiscal, lo que lo aleja de la imparcialidad.
EL JUICIO
El juicio continúa. La Fiscalía Anticorrupción imputa a la gobernadora Rosa Vásquez el delito de peculado doloso por presuntas irregularidades vinculadas a la obra “Centro Cívico de Matucana”. Se solicita 9 años y 5 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación y días-multa contra la gobernadora.
Además, se formula pretensión resarcitoria por S/ 4.3 millones, compuesta por S/ 1.3 millones de daño patrimonial (perjuicio económico a la entidad) y S/ 3 millones por daño extrapatrimonial, a pagarse solidariamente por los acusados.
La acusación alcanza también a Walter José Tovar Macutela (ingeniero civil) y a Constantino Javier Ventura Morote (administrador), como coautores de peculado; para Tovar y Ventura, la Fiscalía añade el delito de falsificación de documento público. La etapa de juzgamiento se sigue en el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate (CSJ Lima Este) —integrado, entre otros, por Roberto Carlos De la Cruz Escalante.
JUEZ SUSPENDIDO Y ABSUELTO
El Órgano de Control de la Magistratura – OCMA, a través de la Resolución N.° 25, 14/03/2023 sancionó al juez Roberto Carlos De la Cruz Escalante con tres meses de suspensión por tolerar un patrón de reprogramaciones, notificaciones mal hechas y ausencia de apremios en el Exp. N.° 00201-2014-39-2901-JR-PE-02.
En apelación, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CE-PJ) —sesión del 21/02/2025; declaró infundada su excepción de prescripción, pero revocó la suspensión y lo absolvió, bajo un argumento formalista: la supervisión de especialistas y notificaciones no sería del juez, sino del Administrador del Módulo Penal.
Este mensaje corrosivo desplaza la responsabilidad hacia abajo mientras el conductor del proceso queda blindado frente a la inercia que él mismo debe corregir. El propio expediente disciplinario, además, culmina con destitución del auxiliar Luis A. Recuay Navarro por cobros indebidos en la Sala Mixta de Pasco, evidenciando un entorno contaminado. Que el juez De la Cruz haya intentado, además, hacer valer la prescripción del procedimiento alimenta el incentivo de “estirar” casos hasta dejarlos morir. Finalmente la decisión premia el formalismo y castiga al eslabón bajo, debilitando el deber de dirección, celeridad y tutela efectiva contra la corrupción.
Fuente: Investigación Definitiva N.° 3437-2018-Pasco (CE-PJ, 21/02/2025) y Resolución N.° 25 (OCMA, 14/03/2023).
JUEZ RESPONSABILIZA A LA VÍCTIMA
El 4 de diciembre del 2020, el juez Roberto Carlos De la Cruz Escalante emitió una sentencia que generó profunda polémica y cuestionamientos. Se trata del proceso seguido bajo el Expediente N.° 00122-2020-0-3208-JR-PE-01, en el cual se juzgaba la difusión no consentida de imágenes íntimas, tipificada en el artículo 154-B del Código Penal.
Pese a tratarse de un delito de violencia digital con graves impactos en la dignidad y privacidad de las víctimas, el magistrado decidió absolver penalmente a la querellada, aunque a la vez le impuso una reparación civil de S/ 3,000, configurando una contradicción evidente.
La motivación del magistrado introduce la idea de “autopuesta en peligro”, trasladando la culpa a la víctima porque habría enviado el material por error vía WhatsApp, lo cual equivale a responsabilizarla del delito cometido contra ella misma. Además, sostiene que el tipo penal sancionaría solo la “primera difusión”, dejando impunes a quienes re-comparten el material, una interpretación sin sustento legal. Esta sentencia carece de perspectiva pro-víctima y de género, omite diligencias técnicas para esclarecer la trazabilidad digital y termina normalizando la viralización no consentida de imágenes íntimas y culpabiliza a la agraviada.
El fallo de este juez no solo parece jurídicamente débil y contradictorio, sino que también retrocede en la protección de derechos fundamentales en un contexto donde la justicia debería ser firme y garantista frente a la violencia digital.
UN JUEZ QUE SE COMPORTA COMO ABOGADO DEFENSOR
La actuación del juez Roberto Carlos De la Cruz Escalante en el caso de la gobernadora Rosa Vásquez despierta serias dudas sobre su imparcialidad. En la audiencia cuya transcripción hemos revisado, se observa cómo el magistrado abandona el rol de árbitro neutral para asumir un papel casi defensivo en favor de la acusada. Lejos de limitarse a garantizar el orden y la legalidad del debate, cuestiona reiteradamente los fundamentos de la fiscalía, llegando incluso a interrumpir y poner en tela de juicio la pertinencia de los cargos.
Sus intervenciones no buscan esclarecer hechos en beneficio del tribunal, sino socavar el trabajo del Ministerio Público, como si se tratara de un abogado defensor. En un proceso donde están en juego más de 4.3 millones de soles de perjuicio al Estado, este comportamiento resulta alarmante, pues erosiona la confianza ciudadana, proyecta una imagen de indulgencia hacia la corrupción y deja abierta la sospecha de que el magistrado favorece a la gobernadora en vez de cumplir su deber de impartir justicia con objetividad.
LO QUE VIENE
En el próximo informe presentaremos un análisis detallado de las intervenciones del juez durante las audiencias, citando textualmente sus preguntas y observaciones dirigidas a la fiscal.
Pondremos bajo la lupa esas expresiones para mostrar cómo, en vez de buscar esclarecer, parecen alinearse con la estrategia de defensa de la gobernadora Rosa Vásquez. Esto permitirá al público apreciar con claridad el presunto sesgo que contamina el proceso y entender por qué la imparcialidad judicial está seriamente comprometida en este caso. (CONTRA PODER)
