La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, exhortó y reitero su pedido al Congreso, de agendar y debatir en el pleno, de manera urgente, el dictamen que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia e implementa las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional, a fin enfrentar con celeridad y eficacia a la delincuencia.
Como se recuerda, el pasado 12 de marzo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de dicho poder del Estado aprobó, por amplia mayoría, el dictamen que crea dicho sistema.
Tello Gilardi consideró que es urgente dotar a las juezas y jueces del país de esta herramienta legal, debido a los altos niveles de inseguridad que sufre la ciudadanía, a fin de que haya una respuesta rápida por parte de los operadores del sistema de justicia.
“El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de dotarnos de mecanismos legales, a través de la aprobación de una ley que establezca la obligatoriedad, participación e intervención de todos los entes estatales y operadores de justicia, para que este mecanismo sea absolutamente eficaz frente a la ola delincuencial”, expresó.
La magistrada añadió que entre los magistrados existe el compromiso para seguir manteniendo un servicio de administración de justicia que sancione de manera ejemplar a aquellos delincuentes que han sido sometidos a un debido proceso y cuentan con todos los elementos probatorios para su sanción.
El dictamen
De acuerdo con el texto aprobado por la Comisión de Justicia, el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva tiene el propósito de garantizar una respuesta oportuna y eficiente a los delitos flagrantes a través de las unidades especializadas a nivel nacional.
Dicho sistema estará compuesto por el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva (CNJEFD) y los comités distritales de justicia especializados en flagrancia delictiva.
De acuerdo con el dictamen, este estará presidido por la/el titular del Poder Judicial o un representante de esta institución, e integrado por el Ministerio Público, los ministerios del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, y de Economía y Finanzas; Policía Nacional e Instituto Nacional Penitenciario.
También indica que la implementación de las unidades de flagrancia es progresiva y se realiza conforme al plan y cronograma que apruebe dicho Consejo. Dicho despliegue deberá priorizar, de forma articulada, los distritos judiciales y distritos fiscales con mayor incidencia delictiva y mayor carga procesal.
PIDEN AL MEF... RECURSOS...
De otro lado, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a destinar a la brevedad los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Flagrancia Delictiva, el cual permitirá enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia y a la inseguridad que azota al país.
Señaló que en la reciente reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), se acordó que el MEF atienda las demandas presupuestales de la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y de los ministerios de Justicia y del Interior para la implementación total y funcionamiento de las unidades de flagrancia como mecanismo de respuesta rápida contra la delincuencia.
La titular del Poder Judicial expresó su confianza y seguridad de que la Representación Nacional atenderá el pedido porque este proyecto de Ley ya cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Derechos de este poder del Estado.
Hizo además un llamado para unir esfuerzos en contra de la inseguridad ciudadana, tal como se acordó en el foro del Conasec el pasado martes en Palacio de Gobierno, así como evitar enfrentamientos entre las diferentes instituciones y poderes del Estado.
“(En ese foro) se hizo un llamado a la unidad y el trabajo a través de una política de Estado que demuestre que ante el crimen, que va desde la delincuencia común, el crimen organizado, el crimen transnacional y la violencia de género, todas las autoridades estamos unidas para hacerle frente”, dijo
Señaló que entre juezas y jueces existe el compromiso para seguir manteniendo un servicio de administración de justicia que sancione de manera ejemplar a aquellos delincuentes que han sido sometidos a un debido proceso y cuentan con todos los elementos probatorios para su sanción.
