El pasado 18 de noviembre, el Consejo Regional de Lima decidió aprobar el Informe Final de una Comisión Investigadora que detectó un exceso de infracciones cometidas en perjuicio de la población y de los recursos del Estado. Para variar, sólo fueron 2 consejeros los que buscaron evitar que no se autorice al Procurador para que formalice la denuncia, ellos son Soberón de Barranca y Caico de Cañete. Se trata de un documento de más de 70 páginas que contiene desde el modus operandi para infringir las Leyes de Contrataciones, Emergencia, Presupuesto, entre otros, todo relacionado a las actividades de limpieza y descolmatación de los puntos críticos de los ríos que atraviesan las provincias de Cañete, Huarochirí, Yauyos, Huaura, Barranca, Huaral, Oyón y Canta. Fue tan contundente el informe, que el Consejo Regional aprobó el pedido para que se interponga denuncia penal contra los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura: MARCO ANTONIO CAJALEÓN ASENCIOS, como ex titular miembro 2 del Comité Especial de Selección; MANZUETO GAMANIEL CARRERA PADILLA, ex titular presidente del Comité Especial de Selección, ex Director de Proyectos Agrarios;- BERNABÉ AURELIO JAIMES LANDA, ex Director del Sistema Administrativo II de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Agricultura; SUSANA, BARAHONA CAMPOS, Tesorera de la Dirección Regional de Agricultura; MANUEL ANTONIO ALCÁNTARA BERNAL, Evaluador de Estudios y Proyectos de la Dirección Regional de Agricultura y a EDGAR LUIS, PACHECO PEDROZA actual Director de Proyectos Agrarios. Asimismo, se indicó al procurador denunciar penalmente a los funcionarios: ROSA VÁSQUEZ CUADRADO, titular del Gore Lima, LEONARDO VÍLCHEZ FERNÁNDEZ, Gerente General Regional, SEGUNDO JOSÉ GARCÍA RAMÍREZ, Gerente Regional de Desarrollo Económico y JULIO ANTONIO CASTILLO CORREA ex director regional de Agricultura. Trascendió que el procurador público ampliaría en la denuncia penal el delito de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, pues a todas luces, de los 78 millones, se habría fraccionado dicho monto para beneficiar a presuntos aportantes de campaña.
