En medio de la crisis política e institucional que involucra a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), más de cien miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público tienen casos pendientes de ser resueltos en esta institución que aún carga la ausencia de dos miembros que fueron inhabilitados por el Congreso de la República, en medio de polémicas y recursos de amparo.
Convoca.pe trae los casos de jueces y fiscales procesados por la JNJ y que destacan por estar involucrados en mafias criminales, haber recibido coimas o beneficiar a delincuentes.
La información de este reportaje ha sido recopilada y analizada con los datos de nuestra nueva plataforma Rastreadora a través de la aplicación Memoria Judicial.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene pendiente de resolver un total de 120 casos de pedidos de suspensión y destitución contra 71 jueces y 49 fiscales involucrados en procesos disciplinarios y que pueden aumentar en los próximos meses. Estos casos corren el riesgo de no ser resueltos por el pleno de la JNJ por no contar con la totalidad de sus miembros tras la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello luego de meses de una presión constante desde el Congreso de la República contra esta institución.
Convoca.pe obtuvo información de esta entidad fundamental en el sistema de justicia donde están pendientes casos que involucran a magistrados en casos de corrupción, vinculación a organizaciones criminales, beneficios penales a narcotraficantes, demora en la impartición de justicia e incluso casos de violencia contra la mujer y violencia sexual.
CASO CAÑETE
El proceso disciplinario que la JNJ deberá analizar es el caso que involucra a Noé Cárdenas Ortiz, quien fue fiscal provincial penal de la Segunda fiscalía provincial Penal Corporativa de Cañete. Según la investigación fiscal, Cárdenas habría mantenido relaciones extraprocesales con la organización criminal “Los Injertos de Nuevo Ayacucho”, banda también conocida como “Los encubiertos de Cañete”.
Esta banda constituida por falsos sindicatos de construcción civil y un brazo armado operó entre 2007 a 2017 en el Centro Poblado Nuevo Ayacucho en el distrito de San Vicente de Cañete y se dedicaba a la extorsión, arrebato de terrenos y hasta asesinatos. Según la Dirincri, se identificó a Noé Cárdenas como miembro del aparato legal de la organización criminal con el apelativo de “Arca”.
Noé, el “Arca”, concedió indebidas excarcelaciones a 23 integrantes de la banda quienes, el 23 de febrero de 2017, fueron encontrados en flagrancia delictiva cuando se realizó el desalojo de un predio que no era de su propiedad. Para la policía, estas liberaciones fueron por una “determinada retribución económica”.
