NUNCA ANTES LA FISCALIA TUVO TAL NIVEL DE DESAPROBACIÓN

En el Perú, como en toda sociedad se atraviesa por crisis políticas y sociales, llevando a la población en muchas ocasiones a manifestaciones públicas, demandando a los político acciones frente a los acontecimientos negativos del país.

Esto teniendo como preámbulo las deficiencias en la atención y tramites frente a servidores y funcionarios públicos en las diferentes instituciones publica, generando una insatisfacción constante y frustración frente a estas instituciones, en los diferentes niveles de gobierno, y más aún, en los Gobiernos Regionales y Locales, por la falta de atención en cubrir las necesidades y servicios básicos.

Desde luego, el Poder Judicial no es ajeno a estos reclamos, ya que es una institución a la que los ciudadanos acuden en busca de justicia, para que esta resuelva con la celeridad que corresponde sus demandas y que por el tiempo que se toma un proceso judicial, se sienten frustrados frente a la búsqueda de justicia.

Desde hace buen tiempo atrás el país está atravesando una grave crisis de seguridad frente a la delincuencia que cada vez toma más fuerza, ya no es noticia ver como delincuentes amenazan, extorsionan, secuestran, roban a empresarios y ciudadanos de a pie; es constante. Siempre ha habido reclamos sobre las intervenciones policiales o los presuntos abusos que se cometen, así como por no intervenir oportunamente frente a un ilícito, y frente a ello, siempre se tenía a la Fiscalía de la Nación como nuestro respaldo, pues era la institución a la cual la población acudía cuando se veía víctima de algún ilícito; pero por los últimos acontecimientos, la imagen que la población tenia de la Fiscalía de la Nación, ha decaído a tal punto que se ha generado un resentimiento frente a esta institución que, como titular de la acción penal frente a los actos delictivos, se ve vulnerada frente a la delincuencia.

Muestra de ello, lo sucedido en nuestra provincia de Cañete, cuando el Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Cañete, libera a detenidos implicados en préstamos gota a gota, alegando la falta de consistencia de los elementos de prueba.

Frente a todo ello cabe preguntarnos: ¿Qué garantías efectivas ofrece la fiscalía frente a la sociedad para sancionar a los delincuentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía, como titulares de la acción penal?, ¿por qué los liberan?

Se podría considerar tal vez que los plazos son muy cortos a la hora de investigar y presentar la información necesaria por parte de la Policía a la Fiscalía, así como los medios probatorios contra las bandas criminales, o puede que lo hagan en el límite del plazo y se puede atribuir un problema sistemático; aunque considero que las normas y principios jurídicos establecidos en el Nuevo Código Procesal Penal, no están mal, están mal los que lo aplican, pues el Código dice que basta una simple sospecha para que se inicie una investigación, entonces, se puede acaso atribuir que la fiscalía y la policía están procediendo con deficiencias; ya que no es un problema normativo.

En este contexto se puede entender que, los peruanos estamos desprotegidos porque no tenemos amparo de jueces y fiscales; se puede considerar que las carpetas fiscales que se elevan al juez presentan deficiencias o ausencia de elementos de convicción, que demuestren la vinculación de la persona detenida, el delito cometido y los motivos de por qué debería estar privada de su libertad.

“EL 21 diciembre del 2023, el Gobierno publicó el Decreto Legislativo N° 1605, que modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal, con el cual devuelve a la Policía Nacional las facultades para realizar, por iniciativa propia, las diligencias de investigación del delito que sean urgentes y asumir la estrategia operativa sin trasgredir las competencias de la Fiscalía. Con la norma, se elimina la espera del fiscal para que el policía inicie las investigaciones del delito, lo cual solía llevar mucho tiempo.”

Sin excepción, estamos en una situación de inseguridad frente a delincuentes que no sólo hurtan o roban, sino que hasta lesionan y/o asesinan a sus víctimas, todo esto ha conllevado a generar antipatía, decepción y rechazo a la Fiscalía de la Nación, por parte de la ciudadanía que ya no sabe a dónde acudir y se ven de manos atadas frente la delincuencia.

(ABOGADO: JHOEL HINOSTROZA C.)