ORÍGENES
Es conocido que, la concentración de la tierra se dio de manera agresiva durante el Coloniaje español y gran parte de la República, fenómeno que constituyó un peligro socio-económico en la sociedad peruana; ello, ocasionó que la usurpación, la posesión ilegal y la expedición de leyes prevaricadoras, sean los instrumentos habituales que favorecieron a los detentadores de la tierra, que alteraron la paz social y la justicia. Además, es de indicar que el laico español o criollo en el virreynato no fueron los únicos interesados en apropiarse de las tierras, también como “geófagos” estuvieron los curas de las órdenes religiosas, tales como los agustinos, jesuitas, franciscanos y “Crucíferos de la Buena Muerte”, quienes recurrieron a los “censos”, “capellanías”, “donaciones” de tierras, etc., con la promesa de salvar las almas rezando misas a la muerte de los feligreses que hacían dichos favores.
Particularmente, en el valle del “Guarco” los españoles apenas fundaron la Villa de santa María en 1,556, iniciaron el reparto de tierras por mandato real, a razón de 40 fanegadas de “tierras de sembradura de maíz de indios”, esto es que se arrebató las tierras al natural o regnícola del lugar para “adjudicarla” al vecino español.
Dichos repartos, después se legalizaron con dos “composiciones” la primera hecha por el “componedor de tierras” Alonso Maldonado de Torres (1,593) y la segunda realizada por Gracián Beaumont y Navarra Conde de Santa Clara y Cartejón, en 1,642; con estas composiciones se inició la “legalización” de la tenencia de la tierra en el corregimiento de Cañete; se entiende entonces que la adjudicación de tierras por mandato real, obedeció a otorgar un premio al invasor y colonizador, era parte del “botín territorial”.
Cabe rememorar en términos históricos, que antes de la hacienda hubo la encomienda; y en el caso de Cañete hubieron, siete encomiendas hasta 1,593:
El Pueblo de Indios de San Salvador de Pachacamac, encomendado a doña Jesús Barba; el Pueblo de “Indios” de Manchay, encomendado a Hernán Carrillo; lo pueblos de “Indios” de Chilca y Mala, fueron encomendados a José Rivera; los pueblos de “Indios” de Coayllo y Calango, encomendados a Antonio de Barrios Navarro; los pueblos de “Indios” de Nuestra Señora de Paullo, Santiago de Pariaca y San Francisco de Pacarán del “Valle” de Lunahuaná, encomendados al Capitán Diego de Agüero; el pueblo de “Indios” de Santo Domingo de Chincha, encomendado a la Corona Real; y los pueblos de “Indios” del Guarco, encomendados a Don Martín de Don Benito y Antonio Navarro (1).
Cabe anotar que de las encomiendas nacieron las estancias ganaderas y después las haciendas terratenientes, y ese trance se inicia en el Siglo XVII.
Conjuntamente con la encomienda de Lunahuaná, Diego de Agüero y Sandoval, recibió de manos de Francisco Pizarro las tierras de “Gualcará”; en base a estas tierras y otras fundó el mayorazgo el 27 de abril de 1,575.
Sucedió en la posesión de sus herederos, su hijo Francisco de Agüero y Santos.
Don Francisco arrendaba continuamente las tierras de “San Bernardo Abad” a Luis Fernando Zeballos.
Por el año 1,641, se le dio a la hacienda linderos, los que rigieron hasta 1,728; estos eran:
“Por la parte que mira al pueblo con tierras que llaman de los Coayllos, y por la parte que mira al río con tierras de Pedro Zárate y Valdez, que llamaron los Almerillos y una tapia que a través de las acequias de Gualcará a la de San Miguel y para labor de dichas acequias”.
Por 1,728, la hacienda prosiguió Zeballos, en 850 pesos por año, pagaderos cada 6 meses. La hacienda en ese entonces contaba con 4 “mitayos”, 2 negros mozos y 4 viejos
Se conoce que el encomendero de Lunahuaná y dueño de la hacienda “San Bernardo Abad” Diego de Agüero y Sandoval, nació en la Villa Deleitosa de la Diócesis de Palencia – España. Fueron sus padres García Gonzáles de Agüero y María Sandoval, ellos le dieron “esmerada” educación.
Partió de España al Perú en 1,530, bajo un compromiso con Francisco Pizarro.
Desde la fundación de Lima, fue Alférez Real y Regidor Perpetuo del Cabildo de la Ciudad de los Reyes; en sus funciones fue tratado como “Sesudo varón”. Asistió a la fundación de la ciudad de San Miguel de Piura, estuvo en la toma de Cajamarca; participó con Jerónimo de Aliaga en los combates de Izcuchaca y Vilcas; conjuntamente con el griego Pedro de Candía y Juan Quinoces (Quincoces), fueron los primeros en ingresar a Jauja; acompañó a Almagro a Quito y Chile; asistió a la fundación de Quito el 15 de agosto de 1,534; contribuyó al “traslado de la capital de Jauja a la Costa”; en 1,535 luchó en Lima contra la rebelión de Manco II; peleó contra los “indios” de Mala y “Guarco”, en donde a pesar de “haber recibido muchos golpes y heridas asaltó la fortaleza, desbaratando a los defensores”; en 1,541 presenció el asesinato de Pizarro; participó en la batalla de Chupas; regresó a España y volvió al Perú junto con Blasco Núñez de Vela. Por 1,536 había contraído nupcias con Luisa Garay, hija del Capitán Francisco Garay, dama con la que tuvo un hijo llamado Diego, pero además, tuvo dos vástagos más en una nieta del Inca Huayna Cápac, Juan y María; pero, en su testamento dejó como único heredero a Diego, pero “mandó que este tenga siempre especial cuidado de sus hermanos, tratándolos como tales y favoreciéndoles en sus necesidades”; asimismo, mandó que cada año, de su hacienda se otorguen “cien pesos de oro de mantas y camisetas a los indios pobres que se hallaran en Lunahuaná, desde el día que muriese en cinco años primeros siguientes”. Don Diego de Agüero y Sandoval falleció el 26 de octubre de 1,544(2).
LA HACIENDA HUALCARÁ EN LA COLONIA
Como ya se ha indicado, el primer dueño de “Gualcará” fue el conquistador Diego de Agüero y Sandoval; a este sucedió en herencia instaurada en Mayorazgo su hijo Diego de Agüero y Garay, con el compromiso de asistir a sus hermanos que tuviera su padre en una nieta del Inca Huayna Cápac. En la tenencia de esta dilatada propiedad que abarcaba el predio principal y “Montejato”, sucedió el hijo de Agüero y Garay, Juan José Agüero y de los Santos. Mediante escritura extendida por Juan José, proveniente de la Corte Española, fechada el 20 de mayo de 1,769 y ante el Escribano Francisco de Luque, dio “las tierras de Hualcará” en “arrendamiento enfitéutico” por el “Canon” de 125 pesos al mes y por el “término de tres vidas civiles o sean 150 años” a Rosa Orozco y Peralta y a su hijo el Dr. José Antonio de Borda.
Incursas en las tierras de Hualcará estaban las de la comunidad de Coayllo en la cantidad de 24 fanegadas, que en arrendamiento perpetuo había adquirido la familia Borda, a razón de 250 pesos al año, por Escritura Pública del 18 de abril de 1782 ante el Escribano de la Caja General de Censos de “Indios”, Juan José de Rivero. Se agrega que, a la propiedad de Hualcará pertenecía también el “hato, corral y lomas de Asia nombradas Casa Grande y Corral de Agüero”(3).
Con la familia de Borda del Marquesado de Fuente Hermosa, se modernizó “Hualcará”, instalándose un ingenio azucarero con su respectivo trapiche; las suertes y “quarteles” fueron cubiertas de caña de azúcar.
La producción azucarera, normalmente era colocada en el mercado limeño, pisqueño, iqueño y arequipeño y en las cuatro primeras décadas del Siglo XIX, se colocaba en Chile.
Se tiene conocimiento que, desde 1,777 Hualcará empezó a producir “azúcar macho” en apreciable cantidad; y según las estadísticas, entre 1,795 y 1,796 produjo 625 cargas del citado producto, que eran 3,750 “panes” y un total de 5,625 arrobas, considerándose que todas las haciendas del valle del “Guarco” producían 29,745 arrobas en los años indicados.
El transporte del azúcar se hacía por medio de “recuas de mulas”, siendo el conductor de tan apreciables cargas de Hualcará el arriero Antonio Herrera(4) muy conocido en la ruta Cañete – Lima por su pericia y manejo de las recuas y el cuidado en el transporte de la mercadería.
La familia de Borda tuvo en posesión la Hacienda hasta el 26 de diciembre de 1,826, en que fue vendida a Antonio Joaquín Ramos Font, por Escritura Pública extendida por el Escribano Ignacio Ayllón Salazar. La transacción fue firmada por Francisca de Borda y Rosa Aliaga, ambas albaceas mancomunadas y María Josefa Borda y Rayo del Marquesado de Fuente Hermosa. La propiedad de Hualcará definitivamente saneada en su posesión legal, por el “instrumento público” hecho ante el Notario Público Juan Antonio Menéndez, de fecha 11 de setiembre de 1,840 y extendido a favor de Joaquín Ramos, por Pedro de Amézaga y Agüero y su hermana María Ignacia de Amézaga dueños poseedores del mayorazgo ya desvinculados que fundó su ascendiente el Conquistador Diego de Agüero; es decir se vendió el dominio de “Gualcará” a Ramos, así como “el derecho de propiedad que tenían del hato, corral y lomas de Asia”, contemplando los linderos correspondientes (5).
TIERRAS DE LA COMUNIDAD DE COAYLLO
En la “rinconada de Hualcará”, los “Indios de Coayllo” fueron adjudicatarios de tierras tasadas en 28 fanegadas. Dichas tierras fueron otorgadas en 1,556 por el fundador de Cañete Capitán Jerónimo de Zurbano y reconocidas por las composiciones de tierras de 1,593 y 1,642; además de la posesión que tenían en Hualcará, poseían “suertes” de tierras en “Isque de Cuiva” y “Colorado”.
El 8 de octubre de 1,773, el curaca gobernador del pueblo de San Pedro de Coayllo, los alcaldes ordinarios y principales, a nombre de la Comunidad y en presencia del Corregidor y Justicia Mayor Sarmiento de Sotomayor, otorgaron en contrato 24 fanegadas de tierras en Hualcará al Coronel Antonio de Borda; el arriendo tuvo el carácter de “enfitéutico”, es decir perpetuo. De Borda arrendó el predio de 24 fanegadas con el “ánimo de unir unas y otras tierras a un cuerpo para hacer más fácil el beneficio y cultura de ellas”. Pero, el nuevo compromiso de los de Coayllo, no cayó bien al anterior arrendatario Pedro de Chávez, quien entabló juicio a Antonio de Borda, pero llegaron a un acuerdo, pagando el segundo 400 pesos por el “traspaso”; el litigio entre ambos duró hasta el año 1,777.
La propiedad comunal fue tasada por Pedro Alejandrino Vásquez, Miguel del Águila y Fernando Servigón, en 7,200 pesos; y se arrendó en 250 pesos por año, teniendo de por medio condiciones establecidas en el documento firmado; entre esas condiciones estaban: que si el pueblo de Coayllo padeciera sequía, las tierras serían devueltas por De Borda para cultivarlas “por el tiempo de la esterilidad”, o si estaban ocupadas el Marqués de Fuente Hermosa entregaría “otras equivalentes”; la propiedad comunal debía ser dividida de las tierras de la hacienda con “tapias”; además, De Borda no debía reclamar pagos por mejoras en el predio; y que el dueño de Hualcará siga juicio ante el Superior Gobierno para anular el contrato que tenían con Pedro de Chávez porque no había caducado.
El compromiso fue firmado ante el Corregidor, por José Antonio De Borda, Celedonio Rojas, Juan José del Rosal, Domingo Magdaleno Llactapuri, Pedro Nolasco Belleza (Alcalde), Lorenzo Arona Espilco, Melchor Sarmiento Napán, Pedro Pablo García y otros.
Entre 1,785 y 1,795, el pueblo de Coayllo sufrió una espantosa sequía, por lo que las autoridades invocaron a De Borda cumpla con lo contemplado en la Escritura Pública, esto era que las tierras les fueran devueltas para sembrarlas directamente y así paliar los estragos de la sequía.
La propiedad que probablemente ocupaba el espacio entre la hacienda El Chilcal, los linderos con la Casa Hacienda Hualcará; la acequia Mariangola (Chumbe) y San Miguel (Chome), no fue entregada a la comunidad.
Desde ya se vislumbraba el despojo, tal como ya lo habían sufrido con las “suertes” ubicadas en Cuiva e Hilarión ante la señora Damiana Mollinedo, así como la propiedad de “colorado”.
Los comuneros reclamaron ante todas las instancias desde el 8 de junio hasta el 12 de agosto de 1,795, no alcanzando justicia, por lo que se entabló juicio a las herederas de Antonio De Borda; siendo el juicio afrontado por Doña Francisca de Borda. En el juicio algunos hacendados que acudieron como testigos, declararon que las tierras eran efectivamente de los Coayllo; otros manifestaron que de no “haber sido por los De Borda” que “construyeron el Canal Chome”, las tierras de la comunidad no se hubieran regado”. Pero, casi todos coincidían en que la comunidad tenía “tantas suertes de tierras que no había necesidad de pedir las de Hualcará”, además, aducían que la sequía fue “fingida”.
Por su parte las herederas del Marqués de Fuente Hermosa, aseguraban que su padre había “comprado la propiedad a través de un Decreto de la Superintendencia General” proveído el 26 de enero de 1,728 y por “auto proveído por el Juzgado de Censos” del 26 de abril de 1,782, así como también que la adquisición era hereditaria.
Definitivamente, los coayllanos perdieron la propiedad en el “pago” de Hualcará en 1,803; y ante el burdo despojo se ofreció a los agraviados “abrir norias“(pozos) en su pueblo, promesa que nunca se cumplió, quedando las 24 fanegadas de tierras incorporadas a la hacienda “Gualcará”(6).
HUALCARÁ EN LA
REPÚBLICA...
Por el año de 1,825, el Estado Peruano “secuestró” (confiscó) la hacienda Hualcará a las hermanas De Borda, Francisca y Josefa; ello, obedeció a que la familia del marquesado de Fuente Hermosa no estuvo de acuerdo ni apoyó la causa de la Independencia; sin embargo, poco después el “secuestro” fue levantado por el Gobierno y la familia De Borda pudo vender la propiedad a Antonio Joaquín Ramos Font, reconociéndose de paso el mayorazgo instituido por la familia Agüero desde el Siglo XVI (7).
Antonio Joaquín Ramos Font fue hijo de Antonio Ramos Pereira y de Juana Josefa Font, fueron 20 los hijos que tuvieron, de los cuales 12 llegaron a la mayoría de edad y entre ellos los más destacados fueron Antonio Joaquín nacido en 1,802 y José Tomás nacido el año de 1,803, ambos chilenos. El padre de ellos fue un migrante portugués, que primero se afincó como comerciante en Quillota – Chile. José Tomás fue uno de los más connotados comerciantes del Siglo XIX en Chile; de joven estudió en el Colegio San Fernando de Lima y estuvo en la Capital del Perú desde 1,817 hasta 1,823 en que retornó a su patria; se sabe que desde muy joven incursionó en los negocios; amasó una gran fortuna y fue casado con su sobrina Juana Rosa Ramos Larrea de 21 años, él contaba en ese entonces con 45 años, se casaron en Lima el 1 de octubre de 1,848.
José Tomás, tuvo negocios con el Ecuador, Brasil, California, Perú, etc. y en este último país compró dos haciendas en el Norte “Patapo” y “Tulipe” (Lambayeque); incursionó también en el negocio del azúcar y probablemente que hizo transacciones con su hermano Antonio Joaquín dueño de las haciendas Hualcará e Imperial (8).
Joaquín Ramos desde mediados de la década de 1,820 vivía en el Perú, y hacia el año 1,826 se casó con Francisca Larrea Alcarráz hija del Dr. José de Larrea y Loredo Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile en 1,823 y Juana Rosa Alcarráz.
El matrimonio Ramos – Larrea tuvo 19 hijos, de los cuales sobrevivieron: Juana Rosa, Teresa, Manuel José, Margarita, Francisca, Juan Martín, Mariano, Juan Francisco, Raymundo, Felipe, Julio, Josefina, Ignacio, Petronila y Jesús Ramos Larrea (las dos últimas eran religiosas del Monasterio de Jesús María).
Como ya se dijera, Antonio Joaquín primero compró la Hacienda Hualcará en “enfiteusis” y después adquirió las tierras de la Hacienda “La Imperial” a doña Carmen Vásquez de Concha por el año de 1,843. Antonio Joaquín Ramos falleció bajo testamento que otorgara el 25 de mayo de 1,879 ante Notario Público Felipe de Orellana. A sus hijas las monjas les dejó una “mesada vitalicia de 100 pesos” y al resto de sus hijos únicos y universales herederos dejó todos sus bienes. Doña Francisca Larrea también falleció bajo testamento fechado el 22 de noviembre de 1,870, también dejó sus bienes a sus hijos. Por el laudo arbitral de 1,879, la Hacienda Hualcará y sus anexos, fueron tasados en la cantidad de 466,729 soles con 60 centavos y fue distribuida entre los herederos:
“Juana Rosa una porción de 61,962 soles 32 centavos, , a doña Teresa la suma de 33,322 soles 57 centavos, a Manuel José 637 soles 67 centavos, a Margarita la suma de 39,027 soles 19 centavos, a Francisca 91,638 soles 14 centavos, a Juan Martín 1,487 soles 30 centavos, a Mariano 33,369 soles 31 centavos, a Juan Francisco 48,419 soles 77 centavos, a Julio 59,440 soles 74 centavos, a Josefina 883 soles 18 centavos, y a Ignacio 57,200 soles 47 centavos”. Y las tierras de “La Imperial” fueron adjudicadas por partes iguales a sus hijos.
Teresa Ramos de Risco, Ignacio Ramos, Mariano Ramos, Manuel José Ramos, Juan Francisco Ramos, Josefina Ramos esposa de Francisco Gonzales Prada y Margarita Ramos de Irarrazabal, transfirieron lo que les correspondía en Hualcará y Montejato, a su hermana Francisca Ramos de Casanueva, por la “cantidad de Libras Esterlinas”; José Manuel embargó propiedades a Francisca Ramos, tal como consta en los autos del 07 de enero de 1,903 y 13 de octubre de 1,906 pronunciados por el Juez Ezequiel Muñoz, el pago se refería a los adeudos de la pensión vitalicia que debía pasarse a Sor Jesús y Sor Petronila, a razón de 80 soles mensuales; doña Francisca no cumplía con lo estipulado en el testamento de su padre.
Cabe recordar que por 1,874 la producción azucarera de las haciendas en Cañete era de 20’000,000 de Libras y más de 500,000 galones de ron; Hualcará producía 3’600,000 Libras de azúcar y 2,000 galones de ron, una producción considerable respecto al total producido en todo el Valle. Con el advenimiento de la Compañía Inglesa British Sugar Co., Hualcará fue solo productora de materia prima (caña) (9).
Joaquín Ramos Font como dueño de la Hacienda “La Imperial”, tuvo un serio impase con los pobladores de Imperial; pues, por 1,867 (27 de marzo) los habitantes de dicho pueblo elevaron un memorial al Congreso de la República para se le eleve a la categoría de Pueblo, el trámite inicial lo hizo el Diputado Demetrio O’Higgins, motivo este por el que se opuso Joaquín Ramos, manifestando que el terreno que ocupaban era de su propiedad y además que dicho pueblo solo tenía 624 habitantes y no 2,000 como exigía la Ley, por lo que los “indígenas” de Imperial no tenían derecho alguno de hacer tal petición.
Pero, es de anotar que por 1,870 Ramos adoptó una actitud conciliatoria y “benefactora” cedía el terreno sin pago alguno; Así por el año de 1,871 por Escritura Pública, Ramos y sus hijos Mariano y Raymundo aprobaron, confirmaron y ratificaron la donación del terreno a favor de la Municipalidad Provincial de Cañete y los “indígenas” del Imperial y con el fin que se eleve la minuta a instrumento público. Como en efecto posteriormente, Imperial fue elevado a la categoría de Pueblo.
Después de prolongados problemas en la detentación de los derechos en la hacienda Hualcará y Anexos, entre los herederos de Joaquín Ramos; así como después de haber pesado hipotecas y comprar los derechos correspondientes; y hasta haber tenido la presencia como poseedora de derechos sobre la Hacienda de la Empresa Británica British Sugar Co.; por fin Oscar Ramos Cabieses adquirió la propiedad de Hualcará y sus anexos por Escritura Pública extendida por el Notario Manuel R. Chipote, el 03 de junio de 1,928; Oscar adquirió todos los derechos de manos de Felipe Espantoso; pero, por Escritura Pública del 18 de junio de 1,928, Manuel Ramos Cabieses adquirió la sexta parte del “Fundo Hualcará” y sus anexos, lo cual fue reconocido por su hermano Oscar (11). Además, es de suma importancia, manifestar que la familia Ramos condujo el predio sin fragmentar hasta que se expidiera la Ley N° 15037 (1,967) de Reforma Agraria, en que la propiedad fue dividida entre: Carmen Ramos de Dammert, María Luisa Ramos Dammert de Sánchez Moreno, Juana Cecilia Dammert de Carrillo, Gliceria Ramos D., Mariano Ramos y Mercedes Dammert viuda de Ramos Cabieses.
Las parcelas resultantes de la precitada división fueron 15, siendo en total de 1,923 hás. (12). Sin embargo, para la década del 70 del siglo pasado, gran parte de esta inmensa hacienda fue afectada por la Reforma Agraria aplicada en virtud de la Ley N° 17716, conformándose la CAP La Fortaleza Ltda. N° 10; la adjudicación se dio por Resolución N° 169-IV-R. Lima.
Es menester indicar que, en la antesala de la Reforma Agraria, en el Valle de Cañete, por 1,970, habían 7 desmotadoras: DISA, La Victoria, Montalván, La Quebrada, Hualcará, Repartición, San Benito; las que en total procesaban 398,586.33 quintales de algodón en rama y desmotaban 158,712.21.
En el caso de Hualcará procesaba 11,642.99 qq. y desmotaba 4,719.66 qq. De otro lado, en dicho año en Hualcará se fabricaba alimentos concentrados en la cantidad de 259,500 qq. u 11 Tm. en Protina S.A. (Purina) (13).
Con la Reforma Agraria en aplicación de la Ley N° 17716, Hualcará fue afectada en 1,125 Hás., cuya valorización incluido el valor del ganado, máquinas, instalaciones, etc. fue de S/. 54’809,938; acotando que en los momentos de la afectación conducían el predio terrateniente la familia Ramos Dammert (14).
ASIENTO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL
(1) Revista Histórica; T. VII. Lima 1921; p. 71. En Luciano Correa Pereyra:
Historia del Distrito de San Vicente de Cañete: Épocas Prehispánica e Hispánica (inédito). Cañete – 2009; p. 81.
(2) Revista del Archivo Nacional; N° 6. pp. 149 – a – 154. En Luciano Correa Pereyra. Op.Cit. pp. 105 – a – 107
(3) Registros Públicos de Cañete. Tomo 1; pp. 85 – 86. En Luciano Correa Pereyra; Op. Cit, p. 126.
(4) Luciano F. Correa Pereyra; Historia de la Industria Azucarera en el Valle de Cañete. La Molina – Lima (UNAM), 1978; pp. 45 – a – 47. En Luciano Correa Pereyra. Op. Cit. P. 127.
(5) Correa Pereyra Luciano F. Op. Cit; pp. 127 – 128
(6) Archivo General de la Nación. Juicio de la Comunidad de Coayllo con las Herederas de Antonio de Borda. 1795 – 1805; fs. 1 – a – 288. En Luciano Correa Pereyra. Op. Cit. Pp. 128, 129 y 130.
(7) Archivo General de la Nación. Hacienda Pública; Ol. 91 – 16ª, Ol. 91 - 16B, Ol. 91 – 19C, Ol. 91 – 37B, Ol. 29 – 45, Ol. 38 – 251, Ol. 57 – 5, Ol. 131– 14. En Luciano Correa Pereyra. Historia Social y política del Distrito de San Vicente de Cañete: Época Republicana (inédito). Cañete, 2009; pp. 18 y 19.
(8) Vargas Cariola, Juan. José Tomás ramos Font. Una Fortuna Chilena del Siglo XIX. Chile, 1988; pp. 63, 64, 66 y 68.
(9) Correa Pereyra Luciano F. Historia de la Industria Azucarera en el Valle de Cañete. La Molina – Lima, 1978, UNAM – Taller de Estudios Andinos; p. 57.
(10) Pinto, Miguel. Un Pueblo de Golondrinos El Imperial – Cañete, 1867 – 1875; 2da. Edición – UNMS – Lima, 1996; pp. I – a - X, 53 y 54.
(11) Registros Públicos de Cañete.Tomo 1; pp. 85 – a – 98.
(12) Registros Públicos de Cañete. Tomo 25; pp. 25 – a – 28. En Luciano Correa Pereyra. Historia Social y Política del Distrito de San Vicente de Cañete. pp. 109 y 110.
(13) Castillo, Marlene. Examen de la Agricultura del Valle de Cañete. La Molina (UNAM) – Lima, 1979; p. 30.
(14) Castillo, Marlene. Op. Cit. p.39.
