El sábado 21 de enero fuimos espectadores del ingreso de más de 300 policías de la Sétima Región apoyados por una tanqueta que tumbaron una de las puertas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, unos minutos después observamos a pobladores andinos en su mayoría enmarrocados, arrodillados o tirados boca abajo mientras los policías los agredían verbalmente, la vivienda universitaria dentro del campus era allanada y sus ocupantes, estudiantes universitarios, detenidos, todo esto sucedía sin presencia de fiscales ni de abogados de los detenidos. 

Horas después los detenidos, 193 en total, eran trasladados a la Prefectura y las sedes de la Dircote y Dirincri. 

El Ministerio Público constituido en las sedes policiales unas horas después diría que se les investigaba por supuestos delitos de usurpación, daños y terrorismo; 24 horas después los liberarían sin caso alguno a 192 de los detenidos, el otro estaba requisitoriado. ¿hubo abuso policial?...¿hubo flagrancia delictiva?

Recapitulemos: El campus de la universidad fue tomado el pasado 18 de enero por un grupo de estudiantes con la intención de alojar a los manifestantes que llegaron a la capital peruana desde distintas regiones del país para participar en la marcha multitudinaria ‘Toma de Lima’ por las calles de la capital. La rectora Jerí Ramón, condenó la toma del campus y se pronunció en contra del alojamiento de los grupos provenientes de otras provincias. 

En un primer momento, la Policía y el Ministerio Público afirmaron que la intervención policial respondía a un pedido de la rectora Jeri Ramón .Se presentó una denuncia de que el vienes 20 a las 21.40 un grupo de manifestantes alojados en la universidad agredió a los efectivos de seguridad del centro.  La UNMSM ha negado haber pedido el ingreso de la Policía a sus instalaciones y denuncian abuso de autoridad hacia los estudiantes. Además, se señala que solo se solicitó la liberación de las puertas tomadas por algunos manifestantes.

 La Ley Universitaria menciona que la Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar a un campus universitario por mandato judicial o petición del Rector, salvo que nos encontremos en estado de emergencia, o se produzca un delito flagrante. Descartado el pedido de la Rectora y sin mandato judicial, tampoco se puede invocar estado de emergencia desde que para allanar un domicilio necesitas una razón fuerte para que configure razonabilidad y proporcionalidad; nos encontramos con la flagrancia delictiva, pero aquí hay algunos problemas en el actuar de la policía… ¿quiénes agredieron a los vigilantes? ¿Cuántos fueron los agresores, dos, tres, diez? no dice nada la policía o acaso para investigar queda habilitada ´para intervenir a doscientas personas?...la investigación fiscal no pudo hallar elementos de convicción ni de daños ni de usurpación ni mucho menos de terrorismo y tuvo que liberar a los detenidos sin aperturar investigación alguna, nada de nada. Horas después camiones del ejército rodearon la Universidad Nacional de Ingeniería, el Rector de esta casa de estudios se opuso y no se concreto el ingreso de las fuerzas armadas al campus universitario.

Hace un día, un grupo de congresistas denunciaron ante el fiscal penal de turno a los altos mandos policiales y efectivos que ingresaron al recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el pasado 21 de enero de 2023. Los delitos que se señalan van desde abuso de autoridad, allanamiento ilegal de domicilio, tortura, omisión de deberes funcionales y daños por lo sucedido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Otro grupo de congresistas plantearon una  moción de interpelación contra el ministro del Interior.