La empresaria inmobiliaria Sada Goray Chong deberá devolver el terreno del Estado que compró por US$ 18 millones y luego revendió al Grupo Centenario por US$ 47,6 millones. Sada Goray confesó que pagó un soborno de S/ 4 millones al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo Alcántara para conseguir resoluciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) que la reconocían falsamente como dueña de un predio de 90 hectáreas en Chilca, al sur de Lima.
Luego de acogerse a la colaboración eficaz, el propio Salatiel Marrufo admitió el pago ilícito de Sada Goray para presionar a funcionarios de la SBN con la finalidad de que emitan resoluciones en beneficio de la empresaria durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo.
Como parte del acuerdo ilícito, la SBN contrató como “asesora externa” a Flor Olivera Orellana a fin de que emitiera “opinión técnica” a favor de Sada Goray. Flor Olivera es abogada y socia de Goray.
Terminado el régimen de Pedro Castillo y renovada la administración de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la entidad revirtió la decisión de concederle las 90 hectáreas a la empresaria.
La SBN informó que el último 23 de diciembre se dispuso la cancelación de la entrega del terreno, dividido en dos predios. Lo que significa que este volvió a ser parte del Estado.
La historia inició cuando Sada Goray y sus socios adquirieron un terreno de 90 hectáreas ubicado en Chilca por US$ 18 millones en 2019 y poco después lo revendió al Grupo Centenario por US$ 47,6 millones de dólares.
Se trataba en apariencia de un exitoso negocio, pero había un problema: el terreno le pertenece al Estado. Incluso, existen dos sentencias judiciales que así lo confirman. Por esta razón, el Grupo Centenario exigió a la empresaria que resuelva el conflicto para poder pagarle.
Cuando era gerente general de la empresa inmobiliaria Marka Group, en agosto de 2021, Sada Goray conoció a Salatiel Marrufo. En esa época, dicha firma estaba tratando de que el Fondo MiVivienda, del Ministerio de Vivienda, la habilitara como compañía prestadora para participar de los proyectos de Techo Propio.
A cambio de pagos de sobornos, Salatiel Marrufo, brazo derecho del exministro de Vivienda Geiner Alvarado López, consiguió satisfacer el pedido de Sada Goray.
Pero aparte del problema con el Fondo MiVivienda, la empresaria enfrentaba el obstáculo de que la SBN se negaba a reconocerla como dueña de 90 hectáreas en Chilca, donde ella y sus socios planeaban un megaproyecto inmobiliario. Así que recurrió nuevamente a Salatiel Marrufo, a quien adicionalmente le entregó una residencia valorizada en S/ 3,8 millones como parte de la coima.
Como relató este último a la Fiscalía el 23 de octubre de este año, pese a que le pidió a la superintendenta de la SBN, Cynthia Rudas, que se encargue del tema, los técnicos de la entidad señalaron que era imposible atender la demanda de Sada Goray porque el predio le pertenecía al Estado. Por esa razón, cuatro directores de Gestión Patrimonial de la SBN encargados de revisar el caso fueron despedidos por no cumplir el pedido.
Cuando Salatiel Marrufo comunicó a Sada Goray que la SBN no aceptaba su requerimiento porque era inviable, la empresaria le dijo que una abogada conocía el caso y que consideraba que sí era factible.
Fue así que la SBN contrató como asesora externa a Flor Olivera Orellana, socia de la empresaria en la inmobiliaria Nuevo Chiclayo.
El 6 de abril de 2022, la nueva directora de Gestión Patrimonial de la SBN, Marina Subiría Franco, valiéndose del “informe técnico” de Flor Olivera, concedió a Sada Goray la posibilidad de quedarse con el terreno de Chilca.
Luego, con un nuevo reporte técnico de Olivera, el 8 de junio, la SBN finalmente le otorgó el predio.
De las 90 hectáreas, el Grupo Centenario compró primero 30 hectáreas por US$15 millones y una segunda parte de 60 hectáreas por US$32,6 millones. “El Grupo Centenario llegó a pagarle a Sada Goray por la primera parte”, indicó la empresa.
CENTENARIO ENJUICIARÁ A SADA GORAY
El Grupo Centenario informó a La República que envió una carta notarial a Sada Goray informándole que aplicó la cláusula anticorrupción y resolvió el contrato unilateralmente del predio de 60 hectáreas, el que adquirió por 32,6 millones de dólares.
“Se iniciarían las acciones legales que correspondan a fin de salvaguardar los intereses y la imagen de Centenario. Al ser víctimas del caso, Centenario ha requerido la restitución de lo pagado por el concepto de primera cuota del precio de venta”.
(La República/Piero Espíritu)
