La verdad es que no se entiende que pasó… quien motivo al Presidente Pedro Castillo para dar el paso que dio, al anunciar el cierre temporal del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, comicios que se efectuarían en nueve meses.

Castillo al anunciar el cierre del Congreso, indicó que esta decisión la tomó en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, con la finalidad de restablecer el estado de derecho y la democracia.

“A cuyo efecto se dictan las siguiente medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses”, afirmó.

Asimismo, dispuso que a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos de ley.

Además, decretó el toque de queda nacional a partir de hoy miércoles 7 de diciembre de 2022 desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente.

Pero el cierre del congreso, no era lo único que iba a decidir...

De igual modo, se declara en reorganización el sistema de justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

También precisó que todos los que poseen armamento ilegal deberían entregarlo a la Policía Nacional del Perú en el plazo de 72 horas, por lo que quien no lo haga “comete delito sancionado con pena privativa de la libertad y se establecerá en el respectivo decreto ley”.

“La Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto, se les dotará de los recursos necesarios”, refirió.

En otro momento, precisó que se está comunicando esta decisión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo, sin discriminación alguna”, aseguró.

El mandatario añadía que en el interregno se respetaría escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado que se sustenta en el principio que señala “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

RENUNCIAN MINISTROS...

Esta decisión de Pedro Castillo originó que los Ministros de Estado, uno a uno presentaran su renuncia irrevocable.

A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, presentó su renuncia agradeciendo haber servido al país el tiempo que estuvo a cargo de dicha cartera y la de Cultura

“Coherente con mis principios y con pleno respeto a la democracia he presentado mi renuncia al Gabinete Ministerial”, escribió Salas Zegarra.

Más temprano, el ahora renunciante ministro dijo confiar en el voto democrático de los congresistas esta tarde en el pleno del Congreso, en que se someterá a debate la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

Por su parte, el canciller, César Landa, indicó que decide apartarse del Ejecutivo de manera irrevocable y en estricto apego a sus convicciones y valores democráticos y constitucionales.

En esa línea, criticó la decisión del presidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso de la República, por cuanto viola la Constitución.

“Condeno enérgicamente este autogolpe de Estado e invoco a la comunidad internacional a ayudar al re-encausamiento democrático en Perú. Castillo tomó esta decisión sin mi conocimiento ni apoyo”, tuiteó Landa.

“Respetuoso de la institucionalidad democrática y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional, renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos”, señaló por su parte Félix Chero, quien ocupaba dicha cartera ministerial.

El ministro de Economía, Kurt Burneo, informó que ha presentado su renuncia irrevocable en la línea con sus principios democráticos y “habiéndose vulnerado el Estado de Derecho”.

Richard Tineo, ministro de Transportes y Comunicaciones, anunció también que deja el cargo de manera irrevocable, ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional por parte del jefe de Estado.

En tanto, el ministro del Ambiente, Wilbert Rozas, dijo “no estar de acuerdo con el golpismo venga de donde venga”, ello al presentar su renuncia al cargo por la declaratoria de régimen de excepción.

Por su parte, el representante del Perú ante las Naciones Unidas, Manuel Rodríguez Cuadros, anunció que ha presentado su renuncia irrevocable “por el golpe de Estado producido en el Perú”.

En su carta de renuncia, afirmó que lo actuado por el presidente Pedro Castillo infringe la Constitución y las obligaciones internacionales del país contenidas en la Carta Democrática Interamericana.

Hasta Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, anunció que dejaba de ejercer dichas funciones, tras el anuncio del mandatario de cerrar del Congreso.

“Como abogado respetuoso de la Constitución asumí la defensa del Presidente de la República presumiendo su inocencia. Al haberse producido una ruptura del orden constitucional, me veo en la obligación de renunciar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo”, informó mediante su cuenta de Twitter.

En esa línea, indicó que la coherencia entre el discurso y la acción define a los verdaderos hombres. “Mi convicción democrática está al servicio de la defensa del derecho constitucional y convencional”, agregó Espinoza.

SESIÓN EN EL CONGRESO

Mientras eso sucedía entre las autoridades cercanas a Pedro Castillo Terrones, por disposición del presidente del Congreso, José Williams, convocaba a sesión del Pleno para las 12:30 horas.

Dicho documento llevaba la firma del encargado de la oficialía mayor del Parlamento.

PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDADES...

A estas alturas del día, empezaron a manifestarse diferentes autoridades de importantes instituciones del país.

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, expresó de manera enfática su rechazo al quebrantamiento del orden constitucional y exhortó a respetar la Constitución Política, el Estado de Derecho y la Democracia.

“Quiero empezar rechazando de manera enfática todo quebramiento del orden constitucional”, dijo Benavides al empezar su discurso en la Conferencia por el Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora este viernes 9 de diciembre.

Como titular del Ministerio Público y como Fiscal de la Nación exhortó a respetar la Constitución Política del Perú, el estado de derecho y la democracia que tanto nos ha costado lograr.

Benavides consideró necesario reflexionar sobre “lo nefasto que es para un pueblo vivir sumido en la corrupción”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales, consideró que la orden de reorganizar a esta institución, así como otras en el Estado, carece de sustento legal.

“El Perú quiere vivir en democracia”, señaló el magistrado. “Este golpe de Estado no tiene ningún tipo de fundamento jurídico”, manifestó, refiriéndose a la disposición dada desde la Presidencia de la República.

Morales consideró que “nadie en el Perú quiere un quiebre del sistema democrático”, por lo que cualquier disposición en contra de este se encuentra “condenada al fracaso”.

En ese sentido, indicó que no hay ningún asidero legal que permita disolver el Congreso, el Poder Judicial, el TC.

En mérito a lo establecido por la Constitución “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”, indicó.

Mientras tanto, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, rechazaba la decisión del presidente Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso.

A través de su cuenta de Twitter manifestó que dicha decisión agrava la crisis política que en este momento afecta al Perú.

“Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, recalcó.

Ante todo lo ocurrido, el procurador general de Estado, Daniel Soria Luján, anunciaba que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación en contra el presidente de la República, Pedro Castillo, para que se determine la responsabilidad penal y constitucional de sus actos.

Este mensaje fue comunicado a través del Twitter oficial de la Procuraduría General de Estado.

“El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, en defensa del estado constitucional democrático de derecho, así como en cumplimiento de sus facultades recogida en el numeral 18 del artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 1326, aprobado por decreto supremo 018-2019-JUS, interpondrá denuncia penal ante la fiscal de la Nación contra el presidente de la República a efectos de que se determine la responsabilidad penal y constitucional de sus actos”, dice.

En ese sentido, precisan que en el contenido del Mensaje a la Nación emitido por el mandatario “se advierte con claridad que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ha violado flagrantemente la Constitución Política del Perú”.

Ello ante la disposición de la disolución del Congreso, en contra del texto expreso del artículo 133 de la Constitución, así como omitiendo su obligación constitucional recogida en el numeral 1 del articulo 118 de la Carta Fundamental.

El procurador Daniel Soria presentó esta tarde una denuncia penal ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

“Interpongo denuncia penal, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de Delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, contra lo poderes del Estado y el Orden Constitucional en la modalidad de Sedición, comprendidos en los artículos 315-A°, 376° y 347 del Código Penal respectivamente, ambos en agravio del Estado Peruano”, se informa en el documento.

Por ello, se solicita comprender en calidad de investigado a Pedro Castillo.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú a su vez, afirmaron que no acatarán acto contrario al orden constitucional y ratificaron su respeto a la Constitución.

Mediante un comunicado, dichas instituciones también pidieron a la ciudadanía a mantener la calma.

El CCFFAA y la PNP señalan en el documento que el Presidente de la República tiene la facultad de disolver el Congreso solo “si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.

Ello se encuentra establecido en el artículo 134 de la Constitución, se recuerda.

En ese sentido, se indica que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”.

De igual manera, las instituciones castrenses y policiales invocaron a la ciudadanía “a mantener la calma y confiar en las instituciones”

“Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú nos mantenemos unidas, firmes y dignas siempre”, se puntualiza en el pronunciamiento.

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, dijo que dicho poder del Estado rechaza el rompimiento del orden constitucional y no acatará la orden del presidente Pedro Castillo, de disolver el congreso y establecer la reorganización del sistema de justicia, justamente por considerarla inconstitucional.

“(El Poder Judicial) no acatará bajo ningún fundamento, bajo ninguna circunstancia, una decisión inconstitucional, y hará respetar sus fueros en el bien de toda la ciudadanía”, dijo la magistrada en el mensaje al país.

“Demandamos a las instituciones correspondientes mantenerse firmes en el respeto al estado de derecho, y pedimos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada mantenerse vigilantes en defensa del estado democrático de derecho”, señalo Barrios.

“La impartición de justicia es esencial en nosotros, garantizamos independencia en el ejercicio de nuestras funciones, y el pleno y efectivo funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales del país. Continuaremos luchando firmemente contra la corrupción y condenamos todas las acciones que quiebren el orden constitucional y legal”, fue otra de sus reflexiones.

LA ÚLTIMA EN RENUNCIAR...

La congresista Betssy Chavez Chino renunciaba irrevocablemente al cargo de presidenta del Consejo de Ministros, mediante un oficio dirigido a Pedro Castillo.

En el documento, Chavez Chino agradeció por la oportunidad de servir al país.

“Tengo el honor de dirigir a usted para saludarlo cordialmente y a la vez presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Presidenta del Consejo de Ministros, agradeciendo la oportunidad que me brindó para servir al país. Sin otro particular, me despido de usted”, informó en el oficio.

CONGRESO APRUEBA VACANCIA DE CASTILLO

El Pleno del Congreso aprobó la moción de vacancia contra Pedro Castillo en su cargo de Presidente de la República por incapacidad moral para el ejercicio de sus funciones.

La representación nacional aprobó esta medida con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, luego de culminar la votación nominal, es decir cada uno de los parlamentarios fueron llamado para emitir su decisión.

“Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, concordante con el artículo 117 de la Carta Política”, indicó al titular del Congreso, José Williams Zapata, cuando se dio a conocer el resultado final.

Asimismo, Williams Zapata afirmó que tras la decisión tomada por el Congreso se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

Además, se citó a la sesión del pleno programada a las 15:00 horas con la finalidad de tomar el juramento a Dina Boluarte, para que asuma el cargo de Presidente de la República.

La vacancia había sido aprobada con 101 votos a favor, por lo que corresponde a Boluarte Zegarra asumir el cargo.

“Se cita a las 15:00 horas a la Representación Nacional a la sesión del pleno en que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Zegarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República”, expresó el presidente del Congreso tras comunicar el resultado de la votación de la vacancia.

JNE, ONPE Y RENIEC RECHAZAN QUIEBRE CONSTITUCIONAL

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se pronunciaron conjuntamente a fin de rechazar la convocatoria a elecciones congresales realizada por Pedro Castillo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, se mostraron en contra del “quiebre constitucional promovido por el jefe de Estado”.

“Como organismos electorales que tienen el mandato de garantizar el fortalecimiento democrático a través de elecciones transparentes y dentro de un marco constitucional y legal, no acatamos la convocatoria a elecciones congresales inconstitucionales anunciada hace algunas horas”, señalaron las instituciones.

El Ministerio Público dirigió la detención de Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión

PEDRO CASTILLO DETENIDO

De otro lado, el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, fue detenido y trasladado a la sede de la Prefectura, ubicada en la avenida España.

Al lugar llegaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal Marita Barreto, quien es la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ( EEFCCOP).

El exjefe de Estado fue detenido cuando se desplazaba por la avenida Wilson, en el centro de Lima, tras abandonar Palacio de Gobierno.

Imágenes de televisión muestran a Castillo Terrones acompañado del exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

El Ministerio Público dirigió esta tarde la detención de Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional.

La diligencia se llevó a cabo en la Prefectura de Lima y fue supervisada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Estuvieron a cargo del procedimiento de detención, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación; y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder.

Como parte de la diligencia, se dispuso realizar al detenido el reconocimiento médico legal sobre su estado de salud actual, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.